La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Ciudad Autónoma ha decidido llevar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el Decreto de Vivas publicado en el BOCCE la semana pasada que traspasó varias competencias de la Consejería de Sanidad de Ceuta a la de Medio Ambiente debido, sobre todo, a la “indefensión jurídica” en la que han quedado los empleados públicos afectados, que según lamentó ayer José Antonio López en declaraciones a este periódico “no han conseguido explicaciones ni los informes jurídicos preceptivos ni en Presidencia ni en Recursos Humanos ni en ninguno de los departamentos a los que se han dirigido”.
Los abogados del sindicato están decidiendo “si impugnamos directamente el Decreto o solicitamos medidas cautelares”, precisó López, quien detalló que sus reparos a la decisión parten de que “se trata de un acuerdo que debería haber pasado por el Consejo de Gobierno y no limitarse a un Decreto del presidente”.
Vivas decidió pasar Agricultura y ganadería; Sanidad animal; Gestión de los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano; Servicio de Matadero y Cementerios y Servicios funerarios de la Consejería de Sanidad, a la que se adscribieron esas materias en 2020, a la de Medio Ambiente que dirige Yamal Dris.
El presidente justificó su decisión como una forma de “evitar duplicidades y favorecer una gestión más eficaz en el desempeño de las indicadas competencias”, en su mayoría vinculadas a la celebración de la Pascua del Sacrificio.
CCOO ha querido solidarizarse y alinearse con la “indignación” del personal afectado directamente por “una especie de doble adscripción generada a través de un Decreto que ni siquiera daba posibilidad de recurso”.
Según el Reglamento vigente, el Consejo de Gobierno es el órgano colegiado “que ostenta la potestad ejecutiva y dirige las funciones administrativas de la Ciudad” y al presidente le corresponde “determinar el ámbito de competencia respectivo de las Consejerías”.
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