CCOO-Justicia reclama el aumento de las partidas de acción social en el ámbito no transferido. Una queja del sector crítica con la postura del Ministerio que perjudica a los funcionarios, también en Ceuta.
Indica el sindicato que, en el acuerdo de Función Pública firmado en octubre de 2022, se acordó la recuperación de los recortes de 2012, cuestión que no se ha plasmado en el presupuesto de Acción Social para el personal de la Administración de Justicia, a pesar de que otros Ministerios como el de Defensa sí ha ido aumentado el presupuesto destinado a este concepto.
CCOO-Justicia recuerda que, en el año 2011, el presupuesto destinado a Acción Social para el personal Laboral y Funcionario de la Administración de Justicia del Ámbito No Transferido, ascendía a 2.860.062 euros. En el año 2012 comenzó a reducirse muy significativamente hasta dejarlo en 1.590.990, manteniendo todas las ayudas, pero con reducción de su cuantía a un 55,63% del porcentaje sobre 2011. Asimismo, desde el año 2013, en el que desapareció la Ayuda por Estudios y Sanitaria, la disminución de la cuantía de las ayudas fue radical, y durante más de una década el presupuesto ha seguido congelado en 719.610 euros, es decir, en un 25,16% del porcentaje total sobre 2011.
En todos estos años, apunta CCOO-Justicia, el presupuesto del Ministerio de Justicia ha crecido aproximadamente un 25%, se han recibido importantes partidas de fondos europeos, el crecimiento del PIB ha sido de un 18,8% y además, de contrario, el IPC se ha incrementado en un 31,2%.
A esto último, se suman recortes y congelaciones salariales, “que no han sido compensadas ni de lejos con los incrementos retributivos producidos”, denuncia el sindicato.
“Viendo esta evolución del presupuesto y del tipo de ayudas de la Acción Social desde el año 2011 hasta hoy, y el contexto de los datos económicos generales, se extraen varias conclusiones. Que el Ministerio de Justicia se ha quedado sin excusas para no recuperar e incrementar las partidas para ayudas, y que el programa es cada vez de menos acción y menos social”.
CCOO-Justicia denuncia que así es imposible avanzar en otras ayudas que serían muy beneficiosas y suponen necesidades objetivas actuales y que proporcionarían un “mayor grado de bienestar” al personal de justicia, como sería el caso “de ayudas para caminar hacia la igualdad (claro que tampoco tenemos Plan de Igualdad), de natalidad y cuidado infantil, para tratamientos de salud mental, para trabajadores que tienen personas mayores a su cargo, estudios de funcionarios y sus hijos, o para situaciones de necesidad grave o urgente como gastos extraordinarios generados por la violencia de género”, expone.
Para CCOO-Justicia, la negociación de la Acción Social durante más de una década ha quedado constreñida totalmente por un presupuesto cerrado y por unas bases prácticamente inmodificables.
“En la reunión de la Mesa de Acción Social 2024, celebrada en el Ministerio de Justicia el 4 de abril, se acordó la subida de los límites de renta en un 10%, dado que dichos límites de renta estaban desfasados con el coste actual de la vida y muchos compañeros estaban siendo excluidos de participar en la Acción Social. Éste es quizás el único cambio significativo en los últimos años, y es inaplazable salir de este estancamiento”, expone.
“Previo a soportar el aluvión de críticas que hemos vertido por la parte sindical al inmovilismo e indolencia del Ministerio, y en particular por parte de CCOO-Justicia con los argumentos antes expuestos, sus representantes realizaron un breve pero optimista balance de los resultados de la Acción Social del año 2024 sin entrar a valorar el marco general”.
“Bien es cierto, que los datos de la gestión de la Acción Social han mejorado, en una parte muy importante por la subida del límite de renta que propusimos por parte de los sindicatos. Así, se ha incrementado el número total de ayudas: 512 beneficiarios más (110 más ayudas por hijos, 44 más por discapacidad y 358 más por transporte). Asimismo, se ha otorgado la ayuda por hijos y las ayudas por discapacidad a todos/as los/as solicitantes que cumplían los requisitos de renta”, indica.
“Respecto al 2025, todo igual. Mismo presupuesto, mismas bases, mismas cuantías de las ayudas (50 € por solicitante en transportes, 150€ por un hijo y 200€ por dos o más, y de 150€ a 350€ según el grado de discapacidad). La convocatoria será en abril, sin concretar una fecha”, resalta.
CCOO-Justicia volverá a negarse a firmar este Plan de Acción Social porque, “aunque el Ministerio no lo quiera ver, es inaplazable salir de este estancamiento si queremos apostar por una Acción Social digna de ese nombre”.
“El Ministerio se retrata a sí mismo en cuanto a la consideración que tiene hacia el personal funcionario y laboral de justicia, y en cuanto a la voluntad de cumplir los acuerdos a los que se llega a nivel de toda la función pública”.
CCOO-Justicia ha propuesta la ampliación del presupuesto de Acción Social hasta alcanzar el 1% de la masa salarial en un máximo de 5 años comenzando por la recuperación del presupuesto del año 2011 con el IPC actualizado (2.860.062€+IPC) y aumentando progresivamente el mismo, en los siguientes años, hasta alcanzar el 1% de la masa salarial.
El Ministerio dice que estudiará la propuesta económica de tramos.
No ha aceptado una nueva revisión del límite de renta al alza en función del incremento del IPC en 2024 y de los incrementos retributivos en el complemento específico.
En cuanto a la recuperación de todas las ayudas, incluyendo las eliminadas en 2013 por estudios y sanitaria, indican que lo elevarán.
CCOO-Justicia solicitaba que las ayudas, excepto las de discapacidad, deben incluir el importe máximo y el importe mínimo de la misma, de forma que las ayudas no puedan tener menor importe que la cuantía mínima determinada, que en ningún caso debe ser inferior a las cuantías actuales, que deben ir aumentándose progresivamente hasta alcanzar el importe de las ayudas de la Acción Social de 2011, aplicándose la mayor puntuación en el baremo, en el caso de que el número de solicitudes supere el presupuesto asignado.
Esta medida no ha sido aceptada. Como tampoco quitar el importe máximo (350€) y el número máximo de ayudas posibles por discapacidad (3), y reducir a dos los tramos del grado de discapacidad (1º De 33% a 50% - 150€ y 2º De 51% a 100% - 350€). Además, quitar el límite de 2 ayudas por solicitante en el caso de aquellas personas a las que se conceda alguna ayuda por discapacidad del segundo tramo (51%-100%).
Tampoco se ha aceptado quitar el requisito del certificado de convivencia para solteros/as (familias monoparentales), ya que es discriminatorio respecto a los matrimonios, a los que sólo se les pide acreditar el parentesco (libro de familia).
El Ministerio sí que estudiará si es posible informáticamente la resolución definitiva donde se aclare la causa concreta de denegación, tal y como se hace en la resolución provisional, a los efectos de formular los recursos o demandas correspondientes para impugnar la misma.
Por último, por la parte sindical de CCOO-Justicia se ha propuesto unificar todo el programa de Acción Social en uno, dado que ahora se diferencia entre personal funcionario de la administración de justicia y personal laboral, FiscalíaGeneral del Estado y Ministerio Fiscal. El Ministerio se ha comprometido a estudiar esa posibilidad o, como mínimo, a intentar unificar la parte de FGE y el Ministerio Fiscal.
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