Su lucha contempla que los trabajadores transfronterizos tengan los mismos derechos que los españoles.
Vicente Sánchez, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, exigió ayer a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 26-J que se comprometan, en el caso particular de Ceuta y Melilla, a “marcar y mantener” los pluses de “residencia como de bonificada” en los convenios colectivos para que no haya una “bajada del 33 por ciento de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores”. A preguntas de los periodistas, Ramón del Valle-Inclán, secretario de Organización de CCOO, estimó que en el caso del sector de la limpieza de edificios y locales en Ceuta existen entre 800 y 1.000 trabajadoras afectadas por la amenaza de esa merma en los derechos de los empleados.
Sánchez auguró una “lucha” entre la patronal estatal y local para determinar quién representa a la trabajadoras de la limpieza a raíz de la denuncia puesta por Aspel.
En cuanto a los trabajadores fronterizos, Sánchez reclamó que este colectivo tenga los “mismos derechos de paro, desempleo o jubilación que los trabajadores españoles y no tengan que verse abocados a seguir pagando unos impuestos que hacen que sus condiciones sean muchísimo peores que las que puede tener cualquier trabajador extranjero en nuestro propio país, no solo comunitarios”. Del Valle-Inclán calculó, consultado por los periodistas, que los trabajadores transfronterizos en el conjunto de los sectores ascienden a unas 1.500 personas, solo contando a aquellos que están dados de alta, precisó.
Por otra parte, instó a las administraciones a que la contratación y licitación pública se realice con “criterios de cumplimiento salarial, de Seguridad Social y fiscal” porque se asisten a bajadas “del 20 por ciento” que recortan derechos y salarios a los trabajadores, “como la Ley de Desindexación lo permite”. Además, demandó al Gobierno central y autonómico trasponer la directiva de contratación pública, la cual tenía que estar hecha desde abril.
CCOO presentó hace dos semanas las 20 actuaciones urgentes que debería acometer cualquier gobierno que salga de las próximas elecciones y se felicitó porque la Mesa del Congreso validase las firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conseguir que se discuta, en la próxima legislatura, la garantía de una renta mínima para los mayores de 18 años que buscan empleo de forma activa.
José Valenzuela, su secretario de Organización, le acompañó en esta visita.
