Eso es lo que Comisiones Obreras considera que se va a producir al ponerse en práctica la propuesta, aprobada en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de reducir el 53,83% los partidos judiciales en todo el país. Ese tanto por ciento, traducido en números contantes y sonantes, significa que de 431 partidos se pasará a 199. “Esta reducción, si finalmente es aprobada por el Gobierno, es un retroceso sin precedentes en la administración de Justicia y un profundo ataque a los derechos de los ciudadanos”, advierte la central sindical.
Para Comisiones Obreras, la medida busca, fundamentalmente, “una reducción significativa de las plantillas y contemplará el traslado de localidad de cientos de trabajadores, sin respetar los derechos consolidados de éstos”, señala. Si se da el visto bueno a la medida, el sindicato augura serias dificultades para que los ciudadanos obtengan el debido respeto a su derecho a la tutela judicial efectiva.
“Desde que tomó posesión, Gallardón ha anunciado, entre otras decisiones, primero, la modificación de la Ley de Planta y Demarcación sin negociación, luego que los Tribunales de Instancia agruparían Juzgados de la misma jurisdicción, más tarde el incremento de las tasas judiciales, después que los funcionarios públicos eran unos privilegiados por poder acudir a defender sus derechos laborales sin abogado ni procurador y ahora es el anuncio de la reducción muy considerable de los Partidos Judiciales”, avanza Comisiones. “Es evidente”, señala, “que estas decisiones, sin respetar siquiera el derecho a la información, primero, y a la negociación con los representantes de los trabajadores, después, además de una falta de respeto a más de 40.000 compañeros, es un incumplimiento flagrante del derecho a la negociación colectiva, y parece que el Gobierno pretende aplicar de facto la infumable reforma laboral en el ámbito de la función pública, como CCOO viene explicando desde que fue aprobada por el Gobierno”.
“Se pretende deteriorar los servicios públicos”
CCOO denuncia que esta decisión sólo pretende, en el ámbito de la Administración de Justicia, deteriorar los servicios públicos, “acabando con derechos que hemos conquistado con los ingentes esfuerzos de miles de personas”. Para el sindicato, la propuesta de reducción de los partidos judiciales atentan gravemente contra la administración además de que no van a hacer sino deteriorar
los derechos de miles de trabajadores. Para el sindicato el ministro de Justicia debe “como mínimo, dar la cara y sentarse a discutirlas con los representantes de los trabajadores. Ya han pasado cuatro meses desde su toma de posesión, y sigue sin reunirse con los sindicatos. ¿A qué espera?”, denuncian. Para CCOO una decisión de este tipo constituiría una agresión sin precedentes a los derechos de ciudadanos y de los empleados públicos, por lo que tendría la respuesta de la mayor contundencia “para la que pediremos el respaldo de los trabajadores”.
