Más de la mitad de los vigilantes de seguridad privada que trabajaban diariamente en la
frontera del Tarajal han sido despedidos desde mayo hasta este mes de diciembre. Así lo ha asegurado
CCOO Ceuta en nota de prensa, que se ha mostrado en desacuerdo con la "drástica reducción" del personal "tras su publicación en el BOCCE". En mayo se inició el servicio con 56 vigilantes de seguridad privada, según indica el sindicato, mientras que en octubre se redujo el número de vigilantes a 40, pero "ahora y según lo establece el
BOCCE el número final de efectivos quedarán en 24 vigilantes de los 56 que empezaron". "Desde CCOO veníamos avisando de lo que pasaría y al final hoy se confirma", aseguran. "El
empleo de la seguridad privada en la frontera del Tarajal y su entorno data de un acuerdo-convenio entre
Ciudad Autónoma y
Delegación del Gobierno rubricado en 2018 y en el que, entre otras cuestiones, al margen de la seguridad privada (para el porteo aún vigente en la época por Tarajal II), se financiaban otros aspectos y recursos del denominado ‘hecho fronterizo’ (recogida de basuras, cartonajes, Parque Móvil, Amgevicesa, Obimace, Trace, Tragsa…) con una suma por la que el Estado se comprometía a ingresar en las arcas locales 3,2 millones de euros", recuerda el sindicato. En esa época, la seguridad privada, que se empleaba para el Tarajal II, con "un
menor número de vigilantes y de horas de servicio muy inferior al actual", suponían unos 400.000 euros al año. El resto de la cuantía estaba destinado a los servicios antes mencionados en el llamado "hecho fronterizo’".
Tras la reapertura de la frontera, se fortaleció la vigilancia con seguridad privada
Actualmente, y tras la reapertura de la frontera, este sindicato, pudo conocer de los informes emitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para fortalecer el servicio con lo prevenido por la Ley, como es emplear seguridad privada. "Máxime cuando se estaba a las puertas de una OPE, la primera tras dos años de pandemia y de cierre fronterizo, con fuertes expectativas", continúan. El acuerdo entre Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma para esta nueva etapa, se fundamentaba en aquel anterior convenio de 2018, pero "expresamente dimensionado para la reapertura de la frontera tal y como, tanto CNP como Guardia Civil, habían previsto para una necesaria y buena operativa en grado de eficiencia y eficacia".
Desde mayo hasta este último mes de 2022, según apunta Comisiones Obreras, la seguridad privada empleada ha supuesto, sin duda, un "mayor número de vigilantes y de horas acorde a la exigencia de estos nuevos momentos" en el tránsito fronterizo. Un coste en materia de seguridad que ha recaído en la Ciudad Autónoma, pero que "en cuantía es muy inferior al grueso" de lo previsto en el convenio entre las dos administraciones y, teniendo en cuenta que algunos de los parámetros de los previstos en el acuerdo de 2018 "ya no son tan cuantiosos o, incluso inexistentes como cuando existía el porteo". "Era de suponer que el empleo de la seguridad privada pudiera ser la baza de mayor impulso en el nuevo acuerdo entre ambas administraciones. Pese a que los informes de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad continúan siendo favorables al empleo complementario de la seguridad privada, la Ciudad ha establecido una cuantía -menor de 1 millón de euros al año- que entendemos no cumple para mantener y acreditar la buena labor en términos de eficacia y de eficiencia, por cuanto ha de prescindirse de casi la mitad de profesionales que se encontraban desplegados en la frontera del Tarajal".
Un nuevo convenio y que Delegación cumpla con el empleo de los fondos
De esta manera, CCOO ha instado a la Delegación del Gobierno a que, junto con la Ciudad, rubrique un nuevo convenio "adaptado a las actuales circunstancias", así como se tenga en cuenta las "verdaderas necesidades" desde el punto de vista económico. "Teniéndose en cuenta los momentos de aumento de tránsito fronterizo que se prevén para Ramadán, Semana Santa y OPE 2023, amén del día a día y con especial atención los fines de semana para que el usuario no vea mermada su atención, en términos de orden y agilidad; no se saturen los servicios desplegados de las FFyCSE; y, por supuesto, se defiendan los puestos de trabajo de los profesionales de la seguridad privada". Por tanto, piden que la Delegación exija a la Ciudad el cumplimiento de su parte "en el empleo de unos fondos que vienen derivados desde la Administración General del Estado".