La reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio, ha venido de la mano de una falta absoluta de previsión para todos. Quien más quien menos ha sufrido en primera línea la aplicación de unos cambios que ha obligado a la revisión de multitud de sentencias a contrarreloj.
La rebaja de las penas ha beneficiado a presos, en su amplia mayoría por delitos contra los derechos de los extranjeros, que debían abandonar la prisión después de que sus casos hayan sido revisados por los magistrados. El problema se produce cuando esa hilera de sentencias llega de golpe en vez de haber sido repartidas de forma gradual meses atrás para su examen más pausado.
CCOO, sindicato con mayor representación en Justicia, ha criticado la “improvisación” del Ministerio y sus representantes en la ciudad, ya no solo por el auténtico colapso que está generando en la clase judicial, que intenta sacar adelante el trabajo como puede, sino también por la ausencia de formación dada al personal de la Administración. Un gran “olvido” que ha llegado incluso al hecho de que ni tan siquiera el programa MINERVA (usado por los funcionarios) ha sido adaptado a una reforma con cambios en los procedimientos.
“Pese a la magnitud de la reforma”, con la que se han destipificado cientos de delitos y han desaparecido faltas, “y el impacto de ésta en los procedimientos penales que se están tramitando en la actualidad”, el Gobierno y el Ministerio se han dedicado “a publicitar la reforma intentando hacer creer a la ciudadanía que con la misma se conseguirá una supuesta agilización judicial”, critica el sindicato. “Pero se han olvidado de lo más importante, llevar a cabo las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento, formando al personal o con las modificaciones necesarias en las aplicaciones informáticas”, añade CCOO.
El 1 de julio se recordará en los juzgados como el gran día de las “improvisaciones”, marcado por la falta de instrucciones de los responsables del Ministerio y por el colapso de trabajo para magistrados que se topaban en un plazo de horas con sentencias de todo tipo para revisar. En el otro lado de la balanza, presos que están a la espera de abandonar prisión al rebajárseles las condenas.
“Aquí en Ceuta la responsable es la secretaria de Gobierno”, denuncia CCOO, en referencia a Josefa Vilar. “Si pudo evitarse el colapso ha sido gracias a la profesionalidad de los trabajadores de la Administración de Justicia y a los titulares de los distintos órganos judiciales que iban facilitando sus propios esquemas y explicaciones al personal”.
A pesar de la fecha en rojo marcada en el calendario sobre la entrada en vigor de la reforma, no se aprobó un refuerzo en el Servicio Común de Ejecuciones Penales hasta el último momento, generándose un tapón que ha impedido la agilidad en el repaso y revisión de cada uno de los casos. “Nos llama poderosamente la atención las últimas declaraciones de la secretaria de Gobierno en las que alaba este Servicio, considerándolo bien dotado de personal. Precisamente ayer” -por el miércoles- “han tenido que nombrar un refuerzo de un tramitador procesal. ¿No estaba todo tan bien? CCOO lleva más de un año solicitando refuerzos en las distintas UPAD y Servicios, así como la dotación de mejores medios materiales y siempre hemos tenido la callada por respuesta”, denuncia el sindicato.
“Esto no es más que la improvisación y falta de previsión porque no se puede actuar con prisas. Ni se ha tenido en cuenta tampoco que a los funcionarios nuestra reglamentación nos obliga a coger las vacaciones de verano entre julio y septiembre preferentemente, por lo que determinados órganos judiciales aún van a ver mermadas más sus plantillas por el periodo vacacional”, denuncia.
Así que detrás de la fachada política de reformas y parabienes para el ciudadano, la auténtica realidad es que se ha dejado a su suerte a funcionarios de Justicia, sin formación y sin medios, y se ha enviado un ‘regalo envenenado’ a magistrados y fiscales obligados a revisar sentencias que se les han ido filtrando a cuentagotas.
Para CCOO esto no es más que una demostración de la “indiferencia y falta de respeto del Gobierno, el Ministerio y sus representantes en Ceuta para con su personal”. Y advierte el sindicato que no va a permitir que por esta falta de responsabilidad recaiga cualquier culpa sobre los funcionarios, dejando claro quien es el responsable: el equipo al frente del Ministerio.
De verguenza
Infraestructuras
Magistrado... sin despacho
No todo en la Justicia marcha bien. Las apariencias se adecuan más bien poco a una realidad difícil de entender. Como la de que un magistrado de la Audiencia carezca de despacho y se vea obligado a ocupar, cuando no hay juicio, una esquina de la Sala en la que la Sección VI celebra las vistas. Un rincón en una esquina transformado en peculiar despacho para el magistrado suplente mientras los demás compañeros ocupan despachos nada adecuados. El Ministerio mira hacia otro lado y sigue ‘vendiendo’ un sistema judicial maravilloso lejano a esta pequeña ratonera.
