La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (
FECCOO) ha cifrado en un total de 134 el número de
docentes extra que debería incorporar el Ministerio de Educación y Formación Profesional (
MEFP) al cupo de la ciudad para rebajar la carga lectiva semanal de maestros y profesores de 25 y 20 a 23 y 18 periodos. Según los cálculos del sindicato que en Ceuta lidera Lorena Díaz, en la ciudad harían falta 75 profesores de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial extra para que el conjunto de los que imparten clase en esos niveles no tengan que dar más que 18 periodos lectivos semanales, así como 59 maestros de Infantil y Primaria para que no tengan que impartir más que 23.
Navarra, Euskadi y la Comunidad Valenciana son las únicas regiones que ya han reducido a esa carga la que soportan el total de sus docentes, aunque con los profesores ya lo han hecho también Andalucía, Asturias, Canarias y La Rioja, donde los maestros pasarán también a 23 periodos lectivos el próximo curso.
FECCOO calcula que en toda España haría falta contratar un total de 28.111 docentes más en la enseñanza pública no universitaria para conseguir dicha reducción, es decir, un incremento del 5,61%.
La rebaja de la carga lectiva de los docentes es, a juicio de la central, un paso clave para “mejorar las condiciones laborales del profesorado y dotar al sistema de los recursos necesarios para asegurar tiempo de atención a las familias, coordinación docente, preparación de materiales y proyectos, atención individualizada al alumnado y otras tareas para la mejora de la calidad educativa y la atención integral a nuestros menores”.
FECCOO advierte que el aumento de horas lectivas que implementó el Gobierno del PP en 2012 se hizo “a través de una norma de carácter básico y de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas”, por lo que entiende que el Ministerio que ahora dirige Pilar Alegría debería actuar para su reducción “con el mismo carácter e idéntica extensión”.
Diez años después, sin embargo, el Ministerio de Educación sigue sin revertir ese recorte con carácter general y básico, como va a reclamar con una campaña específica el sindicato que se haga ya.
La legislación “recomienda” no pasar de 18 y 23
La Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria establece que las Administraciones Públicas con competencias educativas, el Ministerio en las dos ciudades autónomas, “podrán” establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente en centros públicos, pero no fue más allá de “recomendar con carácter ordinario” un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y otro de 18 horas para el profesorado de Secundaria y Formación Profesional.
El Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla abordará hoy las oposiciones
La subdirectora general de Personal del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), Inmaculada Toribio, ha convocado hoy a los sindicatos a una cita del Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla de la Mesa de Negociación de Personal Docente no Universitario, que no se reúne desde hace casi 13 meses.
El cónclave se celebrará de forma telemática e incluye dos puntos en su escueto Orden del Día. En primer lugar se abordará la modificación de la Orden de 2017 que regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar en régimen de interinidad plazas de Cuerpos Docentes en el ámbito de Ceuta y
Melilla, cuyos cambios están pactados desde hace tiempo entre la administración y los representantes del profesorado.
A continuación el Ministerio prevé dar “información” sobre la tramitación de la modificación del Real Decreto 276/2007 que contiene el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes para intentar aclarar qué sucederá con las oposiciones de este año, que inicialmente iban a incluir unas 80 plazas para maestros.
Sobre la mesa está si se convocarán todas o una parte por el sistema vigente o por el nuevo o si se optará por una moratoria hasta que todas las autonomías se ajusten al nuevo modelo que se prevé tener aprobado en abril o mayo.