La acusación particular solicita dos años de cárcel por un presunto delito de acoso y nueve de inhabilitación por otro posible de prevaricación para los dos altos cargos de Ingesa investigados en el caso del exjefe de servicio de Oftalmología en Ceuta.
Propone también la incapacitación del derecho de sufragio pasivo, es decir, a aspirar como candidato a la elección de un cargo público y el abono de una indemnización de 50.000 euros con motivo de los perjuicios psicológicos y morales que el denunciante alega haber sufrido.
Ambos investigados tendrán que asistir a un juicio oral, un encuentro con la justicia que el Juzgado de instrucción número 5 decreta en un nuevo auto al que ha accedido El Faro.
Dicho órgano también considera que la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Cádiz es competente para el conocimiento y fallo del mismo, es decir, para decidir la condena o absolución de los investigados.
Los dos acusados tendrán que prestar una fianza de 66.667 euros en un plazo de cinco días con el propósito de cubrir las responsabilidades pecuniarias y, en caso de no entregar la suma, se procederá al embargo de sus bienes hasta alcanzar la cifra fijada por la autoridad judicial.
Las partes involucradas podrán interponer ante esta resolución un recurso de reforma en un máximo de tres días o uno de apelación en un periodo de cinco. Los primeros sucesos expuestos por el especialista apuntaron a una posible prevaricación. Estos fueron tratados de forma interna en la institución, pero, finalmente, decidió acudir a la justicia. La primera respuesta fue un sobreseimiento. Tiempo después se reabrieron las diligencias por decisión de la Audiencia Provincial tras estimar que “existen indicios suficientes” y que ello “justifica la continuación”.
A la denuncia inicial, relacionada con el proceso selectivo para proveer un puesto al frente del servicio de Oftalmología, se une otra más de acoso presentada con posterioridad. Esta quedó constituida como una ampliación de la primera en la revisión del caso.
El sanitario en esta segunda ocasión indicó, según su versión de los hechos, haber sido objeto de incoación de expedientes junto a agresiones verbales y de discriminación por la afiliación del especialista en un sindicato.
El pasado año el profesional, actualmente prejubilado, puso en conocimiento de forma oficial ante la dirección del Ingesa que había sufrido marginación por formar parte de un sindicato y dio a conocer sus razones para llegar a esta conclusión.
A esta declaración se añadieron otros comportamientos que fueron mostrados como parte de una desacreditación ante otros empleados.
La Audiencia Provincial, tras el recurso interpuesto por la parte denunciante, confirmó que "existen indicios suficientes de irregularidades en la convocatoria y nombramiento de la jefatura del servicio de Oftalmología del HUCE, lo que justifica la continuación de las diligencias previas".
Así, dio luz verde a su la reapertura del caso tras la previa suspensión. Asimismo, indicó que era preciso llevar a cabo nuevas pesquisas para determinar si los hechos expuestos tienen carácter delictivo.
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