Ya se conoce la calificación del Ministerio Fiscal en Ceuta ante el mediático
Caso Emvicesa. Y la misma es demoledora, con penas muy elevadas. A su contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta y hay un concepto clave: el Ministerio Público entiende la existencia de una organización criminal. Para Antonio López pide penas por delito continuado de prevaricación solicitando 10 años de inhabilitación especial, a lo que suma 6 años de prisión por un delito continuado de falsedad documental, por el delito continuado de cohecho pide otros 6 años además de una multa, por el de organización criminal reclama la imposición de 8 años, por el de blanqueo de capitales otros 6 años. En total 26 años de prisión y una multa de 5'9 millones de euros. Igualmente la Fiscalía incluye el comiso de los siguientes bienes adquiridos gracias a los ingresos procedentes de la actividad delictiva del acusado Antonio López, y de Inversiones Inmobiliarias Time to Buy, sin perjuicio del derecho de terceros de buena fe, si los hubiera: Vivienda sita en la calle Cervantes nº 32, 2ºA de Cádiz; Fincas tipo dúplex en el Conjunto Camino del Pilar del partido de Guadalpín de 187,95 y 175,97 m2, así como la plaza de aparcamiento sito en el conjunto denominado Camino del Pinar de Guadalpín, propiedad del acusado; Vehículo Porche Boxter con matrícula 8772HZR; Parcela nº 511 de 1044 m2 en el paseo de Dinamarca del Polígono Internacional City de la zona residencial Elviria, partido de Las Chapas, del término municipal de Marbella; Acciones y participaciones descritas en la conclusión primera que sigan en la cartera del acusado y, en su defecto, las que en su día fueran adquiridas en sustitución de las mismas; Cantidades aportadas al plan de pensiones anteriormente referido; Vivienda situada en Calle Isidro Martínez nº12 de Ceuta. En su defecto se interesa el embargo de los mismos para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito.
En el caso de los cinco detenidos que trabajaban en Emvicesa, reclama la imposición de 6 años de inhabilitación por prevaricación continuada, por el de falsedad documental otros 4 años, por el de cohecho reclama 4 años más y por el de organización criminal otros 5. En total 13 años de cárcel. Solo hay una de las trabajadoras a las que añade 2 por tráfico de influencias. En el caso de los políticos implicados porque estaban en la comisión de la vivienda, es decir Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí: se pide 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada, 6 años por falsedad documental y 5 por organización criminal en el caso de Román (es decir 11 años de prisión), 10 de inhabilitación por prevaricación continuada y 5 años de prisión por organización criminal para Ali, y lo mismo para Rabea Mohamed. En el caso de los presuntos intermediarios, las penas son también elevadas. Se pide por el delito de cohecho 4 años de prisión y 5 por organización criminal, es decir 9 años a todos ellos. A esas personas que supuestamente formaban parte de la pirámide delictiva que investigó la UDYCO porque eran los supuestos enlaces entre López y los demás integrantes de la presunta organización que considera la Fiscalía que existe. También contempla penas la Fiscalía para el que fuera miembro del PP, en concreto exgerente del partido, Jesús María González Barceló, al que le pide dos años por un presunto delito de tráfico de influencias. Pero hay más, se contemplan peticiones por delitos de cohecho para las personas que pudieron beneficiarse de la obtención de una vivienda a cambio de una entrega de dinero. La pena es de 3 años de prisión. Y otro dato importante, la Fiscalía incluye como responsable civil directa a la Ciudad al ser Emvicesa un organismo autónomo dependiente de la misma. El Juzgado de instrucción número 3 que lleva la causa ha dictado auto para decretar la apertura de juicio oral.
Así dice la Fiscalía que se enriqueció Antonio López y cómo lo hizo
En el escrito de la Fiscalía se incluyen hasta ocho delitos recogidos en el Código Penal para los 54 investigados en la causa. Remitido a la Sección de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, señala el delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, tráfico de influencias, delito continuado de falsedad en documento, continuado de cohecho del artículo 419, y otro de cohecho del artículo 424, además del delito de organización criminal, continuado de blanqueo de capitales y otro de cohecho del artículo 419.
La Fiscalía también pide el sobreseimiento provisional de cinco de los investigados como beneficiarios de las viviendas de protección oficial al no constar su participación en los hechos.
El escrito de acusación de la Fiscalía señala que Antonio López Fernández, con el ánimo de enriquecerse ilícitamente y prevaliéndose de su cargo, desde su toma de posesión en la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta el 9 de julio de 2007 hasta su cese en 2015, fecha desde la que el acusado ya venía interviniendo en las promociones de adjudicación de Viviendas de Promociones Públicas, articuló un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta al margen del procedimiento legalmente previsto, en el que los adjudicatarios serían terceras personas que previamente le habían satisfecho determinadas cantidades de dinero, que oscilaban entre los 6.000 y 20.000 euros, en unas ocasiones directamente al mismo y en otras valiéndose de una serie de intermediarios y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera.
Este procedimiento, teledirigido y torticero, fue el que se siguió para la adjudicación durante los años 2011 a 2017, de una promoción de 170 viviendas y otra de 317 de Loma del Colmenar, esta última adjudicación no se llegó a aprobar al suspenderse por estar cercano un periodo electoral pero el listado de beneficiarios se hizo público en un diario local.
Una vez que el acusado, Antonio López Fernández, obtuvo una ingente cantidad de dinero ilícito, lo introdujo en el tráfico comercial dándole apariencia de legalidad al introducirlo, ocultando su procedencia ilícita, mediante operaciones de compra y venta de inmuebles, compra y venta de acciones en bolsa. vehículos, artículos de joyería, tanto en su nombre como a través de sociedades mercantiles creadas con este fin, concertando préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva, llegando incluso a amortizar anticipadamente o cancelar las deudas con estos cobros ilícitos.
El importe total que el acusado introdujo en el circuito financiero legal ocultado su procedencia fue cercano a los dos millones de euros (1.978.658 euros). Para lograr su propósito Antonio López, se valió de una estructura por él diseñada y organizada, la cual actuaba siempre bajo sus órdenes y directrices conformándola por los trabajadores comerciales de Emvicesa, los representantes públicos de la Comisión de Vivienda y de intermediarios y captores de clientes.
¿Quién es quién en el caso Emvicesa?
El que sin duda es el caso más mediático y el que llevará a la celebración de la mayor
causa judicial de Ceuta tiene sus propios protagonistas. Los que integran una estructura piramidal que forma parte de las investigaciones que llevó a cabo la UDYCO de la
Policía Nacional bajo mandamiento judicial. La cúspide la ocupa Antonio López, para quien una de las acusaciones particulares ya pedía 24 años de prisión. Exgerente de Emvicesa y exviceconsejero de la Vivienda, fue uno de los pilares políticos para la gestión de las promociones de viviendas de protección. Según la instrucción judicial sería el artífice de esa adjudicación de casas sin criterio alguno que reventó con la denuncia que presentó la propia Ciudad Autónoma tras publicarse la lista fantasma. Ese sería el cabecilla, que después, descendiendo ese triángulo, se apoyaría en los conseguidores de personas que estarían dispuestas a pagar por una casa y en los intermediarios. Toda esa labor contaría con el apoyo de personal que, trabajando en Emvicesa, permitiría que todo saliera según lo encomendado. Como otra parte de la historia figuran los cargos políticos, las personas del Gobierno y de la oposición, formaban parte de la comisión de la vivienda que llevó a la aprobación del listado que había nacido viciado y corrupto. El germen de la investigación radica en las 170 viviendas, a donde se llegó tras la denuncia sobre las 317 de Loma Colmenar. A la petición de calificación que ya se conocía se ha sumado ahora la que eleva a provisional el Ministerio Público a la espera de la apertura de juicio oral.