Hace unos días publicó la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA un conglomerado de 12 empresas, algunas, filiales de grandes de ellas, dedicadas a prácticas poco ortodoxas en licitaciones públicas de Conservación y Mantenimiento de Carreteras, las cuales obtuvieron en el periodo 2014 – 2018, mas del 70% de adjudicaciones, y al parecer, según la CMNC, llevan investigando desde el pasado 2009.
Faltaría por conocer, llegado el momento, que ha venido sucediendo con tales prácticas en los periodos siguientes. (2019-2021).
Obtener más de un 70% de adjudicaciones por las empresas citadas, no es mala marca, y tampoco el montante final de adjudicaciones cifrado en 530 millones de euros, los cuales suponen un 63% del presupuesto ministerial para este tipo de servicios, según el portal Cadena de Suministro.
Faltaría, claro está, conocer dentro de unos años, el resultado final de este episodio, a falta de los recursos preceptivos de defensa a los que se tiene derecho y que probablemente reduzcan sanciones y plazos de suspensión.
Aparte, la libertad de mercado existente, permitiría bajo otras fórmulas, limitar el efecto sobre las prohibiciones de contratar.
A esta “forma de concursar” en licitaciones públicas, suelen calificarse de colusión o licitación colusoria, consistente en realizar acuerdos poco ortodoxos entre empresas, destinados a falsear la competencia en los concursos públicos.
Suele ser práctica habitual, sobre todo en las grandes obras públicas, mediante las llamadas “bajas rabiosas”, licitar del orden de un 25-30% por debajo del precio, en la seguridad de que posteriormente se arreglará para ciertos contratistas mediante el socorrido MODIFICADO DE OBRA.
Aunque en esta ocasión, nos ha llamado la atención la existencia de una especie de peajes con barreras para ordenar el tráfico licitatorio de este sector de Contratistas y tipo de obras.
Puede considerarse una especie del término “pay-back” consistente en aplicar una serie de criterios destinados a regular el importe de las bajas realizadas por las empresas. Mientas mayor fuera la baja, menor serían las posibilidades del licitador de que se le permitieran internamente concursar.
Mediante un diabólico y complejo sistema, se alteraban los precios a fin de influir en la “media” de las ofertas y alterar a conveniencia la posible empresa ganadora.
La empresa con precio deliberadamente alto, pasaba a ser de “cobertura” a fin de que el aumento o disminución de la lista de licitadores, no infundiera sospechas. No se trata de la primera vez que surgen este tipo de “anomalías” en el sector y cualquier estudioso del Tema, podría encontrar antecedentes a poco que se lo proponga. No es un Tema baladí, pues según datos de la propia CNMC, de no hace mucho tiempo, se movieron en un trienio alrededor de 150.000 millones de euros en el Mercado de la Obra Pública, concretamente en el ámbito de los MODIFICADOS DE OBRA. Otras fuentes estiman las cifras entre 60.000 y 240.000 euros en el mismo periodo trienal, pero probablemente, nadie conozca realmente cifras exactas, ni tan siquiera el propio Gobierno, y si las conoce, las guarda celosamente, eludiendo al Consejo de Estado.
