Hace unos días el candidato socialista a la presidencia del Gobierno comunicó que habían aprobado incluir en su programa electoral con el que concurrirán a las elecciones del próximo 20 de noviembre, la modificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, para suprimir los “privilegios” que, a su juicio, dicha ley otorga a la Iglesia católica. El sr. Rubalcaba entiende que la Iglesia goza de una serie de prebendas tributarias “más propias de épocas pasadas y sin justificación alguna actualmente, y que se oponen a la aconfesionalidad del Estado”. Nombró las dos palabras mágicas juntas: “privilegios” e “Iglesia” que, más que otra cosa, son un “código para confundir”. Porque, ni es privilegio ni es hipotecario. Todo ello está dicho en la línea del secularismo agresivo que ha brotado en las dos últimas legislaturas. ¿A qué se refiere con esas palabras?
La actual Ley Hipotecaria pone en el mismo nivel a la Iglesia católica, a las administraciones territoriales y a las corporaciones de derecho público (el Estado, la provincia, el municipio y las Corporaciones de derecho público o servicios organizados), a las que se da la facultad “cuando carezcan del título escrito de dominio, poder inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan, mediante la oportuna certificación…” (art. 206). Por dicha facultad, la Iglesia ha estado “matriculando” una serie de bienes inmobiliarios en el registro. ¿Qué bienes son esos? Lo dice el citado artículo: los “que le pertenecen”. Veamos la razón de ser de todo ello.
Durante siglos, la Iglesia ha construido, ha tenido y ha habitado edificios de culto: desde las grandes catedrales a las pequeñas ermitas de los pueblos. En aquel entonces, la sociedad era básicamente cristiana, cultural y sociológicamente hablando. En ningún pueblo, nadie ponía en cuestión, por ejemplo, que la ermita era de la Iglesia, entre otras cosas porque el pueblo se identificaba con la Iglesia. Es verdad que ahora estamos en una situación en la que esa diferenciación es mucho más clara; no todo el pueblo se identifica ya con la Iglesia. Por eso, los registros -que son una cosa moderna- se hacen necesarios, para no dar por supuestas muchas de esas cosas. Aunque la Iglesia históricamente, en muchos casos haya cedido terrenos para diferentes actividades del pueblo (incluso hoy se siguen usando los salones parroquiales para las reuniones de vecinos), todo el mundo sabe que estos bienes no son del alcalde, ni del sindicato, ni del club de pelota del pueblo, ni de la asociación de vecinos… Pues bien, la ley hipotecaria da una facilidad para que, lo que todo el mundo entendía, se haga ley. Es decir, que se normalice y oficialice esa propiedad, y la cosa quede clarificada.
Esto es a lo que el sr. Rubalcaba llama “privilegios hipotecarios de la Iglesia”, con los que quiere terminar. ¡Qué fácil es hacer demagogia, presentando a la Iglesia como una especie de “cuerpo extraño”, parásito que está chupando a la sociedad por esa serie de “privilegios” concedidos! Porque los mensajes subyacentes son más importantes que los explícitos: la imagen de la Iglesia, la propiedad, el bien, la Iglesia que le roba al pueblo, el privilegio de los obispos… Pero eso es cambiar la realidad. Si este es el contenido que tiene que dar en España la izquierda a su sentido de la acción pública, no me extraña que acuda a la confusión y a la demagogia. Está completamente equivocada. En el fondo de la cuestión, me parece intuir que esta posición la utiliza como cebo electoral: para ver si se captan votos de los más radicales. ¿Tendrá esto algo que ver con el anuncio de nuevas movilizaciones de los indignados, ésos que se indignan contra todos menos contra el gobierno responsable de la situación de España? ¿Será un complaciente guiño a ese movimiento? Puestos a quitar “privilegios”, ¿por qué no comienza con ellos? Apropiarse de la plaza pública, como hace este movimiento, ¿no es el primero y más grande de los “privilegios hipotecarios”?
Y todo esto se hace público precisamente el día en que CÁRITAS española presenta las cuentas de su ejercicio de 2010. En dicho año Caritas ha invertido 247 millones de euros (aunque el ahorro estimado que supone la actividad de la Iglesia para el Estado es de 30.000 millones de euros al año). Esta cifra da cuenta del volumen de proyectos gestionados y dirigidos, dentro y fuera de España, a través de los que se han podido atender las necesidades de casi seis millones y medio de personas. Se puede constatar que la red de solidaridad que Caritas teje en la sociedad española da frutos; también fuera de nuestras fronteras, pues Cáritas está cada día más volcada en ayudar a quienes lo pasan aún peor en otros lugares del mundo (por ejemplo, en el Cuerno de África, con una hambruna que afecta a unos 13 millones de personas). Un año más Cáritas demuestra que el compromiso por la justicia y el bien común son la razón de ser de la acción socio-caritativa de la Iglesia. Por eso, contribuye de forma admirable a paliar los efectos de la crisis en España. Este compromiso por el bien del hombre nace de las entrañas de la fe cristiana. Y CARITAS no es algo separado de la Iglesia. Algo que el sr. Rubalcaba parece querer ignorar.
¿Privilegios, la Iglesia? Privilegios son los que tiene este Gobierno con la Iglesia.
