Colaboraciones

Las carencias de la política actual para propiciar el futuro de Ceuta

Preámbulo: Es conveniente advertir sobre la acumulación de asuntos inquietantes que para nuestro futuro en la actualidad se van juntando, como son la evolución del coronavirus, el incremento de los desequilibrios económicos, el atasco en España del plan de recuperación, la paulatina transformación de nuestro sistema democrático en un emergente “mercado persa” donde las decisiones se toman en régimen de compraventa, el aumento de las protestas sociales y su previsible crecimiento, la ostensible debilidad política de nuestro país, el paulatino despliegue de amenazas del vecino reino marroquí y las derivadas dificultades para combatir políticamente en todos estos frentes. Demasiados contratiempos para que la crisis de Ceuta sea considerada prioritaria por los demás. Para superarlos y hacernos un hueco entre tanta adversidad, será necesario que la sociedad ceutí desarrolle músculos de los que ahora carece. Hacer músculo social y político es prepararse para poder afrontar tanto los desafíos actuales como los futuros, algo que está muy lejos de la actual inanidad.

I

Ahora que ya estamos todos de acuerdo en reconocer que la situación de Ceuta es crítica, y que incluso hasta la propia Vicepresidenta Primera del Gobierno ceutí ha reconocido ante el Foro Económico Español “Presente y futuro de Ceuta, su desarrollo empresarial” que “la situación es insostenible”, hemos de considerar que es el momento de dar un paso adelante y aceptar que salir de esta situación por la que estamos pasando no va a ser sencillo. Y no lo va a ser, entre otros factores, porque se necesita un cambio profundo en las actitudes, en la manera cómo se desarrolla la actividad política y en la forma pragmática de asumir la participación de la ciudadanía.
Estas carencias no solo producen grandes divergencias a la hora de actuar, sino que evidencian que existe una gran desidia tanto en el liderazgo político como en la sociedad, pues ambos apenas se movilizan para hacer frente a la situación. La desidia conduce a la parálisis, lo que lleva inexorablemente hacia la nada. Mal que me pese el escepticismo, creo que es el momento de apelar al sentido de supervivencia y reclamar que pudiera darse el caso de que al menos una cierta minoría de nuestra ciudadanía se pusiera a remar hombro con hombro, en una misma y compartida dirección, con la finalidad de superar la situación que tan gravemente nos afecta. Es tan solo por ello y por mi predisposición hacia la tolerancia que expongo mis preocupaciones, pues bien sé que inútil resulta dirigirse a quienes ya han fijado sus convicciones o a quienes están dispuestos a la tergiversación permanente del interés común para suplantarlo por el suyo propio.
Lo primero que cabe preguntarse es ¿qué hacer? Y luego ¿cómo hacerlo? Son dos preguntas claves, tan importante la una como la otra, que deberían estar ya bien contestadas. En un sistema cohesionado y fuertemente democrático no habría fisuras para compartir las respuestas a estos interrogantes, pero sucede que nuestro sistema está muy deteriorado, lo cual se demuestra meramente observando cómo se responde a estas cuestiones: cada uno por su lado, diciendo mucho y haciendo poco. Ni siquiera existen los imprescindibles puntos de acuerdo, un proyecto fundamentado, ni el consenso necesario respecto a un mínimo común denominador.
Lo que parece derivarse de la actual forma de hacer política es el cada vez más acentuado distanciamiento entre lideres políticos y ciudadanos, la exclusividad de las pretensiones, el constante rehuir de las negociaciones y las regulaciones, la ausencia de compromisos, aportando tan solo discrecionalidad y oscurantismo, sin ofrecer a la sociedad una alternativa. Frente a ello, lo que debería ser imprescindible es la movilización colectiva, la negociación participativa y el ineludible ejercicio de la función de agregar los intereses, todo ello tratando de conformar un interés general en lugar del partidista, tan escandalosamente electoralista.
Antaño, los partidos políticos lograron ganarse su protagonismo constitucional por ser instrumentos esenciales para ejercer las funciones de representación política y del encuadramiento parlamentario de los elegidos, pero también porque eran los responsables de la agregación de intereses (gobernar para todos y no solo para los suyos), de asegurar la información y la formación de la opinión pública, así como de articular la participación; todas ellas funciones que hoy en día apenas se cumplen, ejerciéndose fundamentalmente, en su lugar, la constante búsqueda del interés electoral, el clientelismo y un creciente autismo en relación con la sociedad. De esta manera, los partidos, que históricamente han sido instituciones de discusión pública y de pedagogía ciudadana en aras de conseguir determinados objetivos, se han ido transformando en meras maquinarias electorales y, en gran medida, la mayor parte de su actividad es endogámica.
Se añade a estas disfunciones otro de los componentes que actualmente también caracterizan a la política, que es el cortoplacismo. Durante las últimas décadas el largo plazo o las medidas de calado para planificar el futuro no se han considerado. Pudiendo haberlas abordado, con competencias suficientes para hacerlo, por razones electoralistas se ha considerado que todas las decisiones deberían lograr sus efectos en fechas próximas para que fueran políticamente rentables. Sin embargo, lo que se debía haber hecho era todo lo contrario, pues la crisis estaba ya gestándose. Si así hubiera sido, no tendríamos ahora estas urgencias ni este no saber hacia dónde debemos ir ni cómo hacerlo.
Es de suponer, también, que no se hizo porque, al igual que ahora, los partidos no tienen elaborado un horizonte temporal a largo plazo, y no lo tienen porque para eso es necesario tener un proyecto o un modelo de ciudad o de país. Es en esta ausencia donde más se evidencian las carencias de la política actual. No se contraponen proyectos políticos ni modelos de ciudad ni de Estado, sino consignas de brocha gorda: apariencias, declaraciones verbales y mera propaganda. Mientras, a los ciudadanos se les embarga el ánimo de inquietud, de incertidumbres, de no saber adonde van ni que les pasará.
Todo esto influye en la situación porque parece que se puede hacer poco, cuando lo cierto es que desde la propia sociedad, aunque hay que reconocer que muy selectivamente, fluyen ideas y actitudes que podrían dar paso a un saber qué hacer y cómo hacerlo. Hay bastante creatividad en la ciudad con la que no cuentan los líderes políticos, siendo tan necesaria. En todo caso, lo esencialmente importante ahora es la práctica: la manera eficaz de hacerlo. Es aquí donde la desidia se hace más presente.

II

Es un clamor extendido entre todos los expertos que para afrontar situaciones de fuertes crisis, el instrumento esencial es movilizar a las sociedades y, para conseguirlo, es necesaria la elaboración racional de un verdadero plan estratégico. Y digo verdadero, porque en la actualidad a cualquier cosa se le llama tal, mostrando de nuevo que a los líderes les parece interesar más las apariencias que el verdadero compromiso y el trabajo efectivo.
Para empezar, lograr un proyecto de trasformación de la ciudad debe contar previamente con la confluencia de una serie de factores sin los cuales es difícil poder salir de la crisis:
-Que todos los esfuerzos, desde antes de ser concretados, estén supeditados y afianzados por la voluntad de concertación entre los actores públicos y privados;
-Que se genere en esta superior tarea un liderazgo local, tanto político como cívico; y
-Que se promueva el consenso ciudadano para que la ciudad recorra el camino hacia sus objetivos, tanto desde un punto de vista físico como económico, social y cultural.
Tras ello, lo inmediato es ponerse de acuerdo sobre la definición de los contenidos, que se concretan en los objetivos y en las actuaciones para conseguirlos. El resultado de todo ello es lo que se plasma en un PLAN ESTRATÉGICO. Sin todos estos ingredientes no existe un plan estratégico, porque lo esencial en él es unificar los diagnósticos sobre la situación del territorio, acordar los objetivos necesarios para promover su transformación, concretar las actuaciones públicas y privadas, y establecer un marco de movilización y de cooperación de los actores sociales urbanos. Desde esta perspectiva, la planificación estratégica es tanto un instrumento como un proceso. En ningún caso es una mera carta dirigida a los reyes magos. Se trata de concretar los objetivos desde una visión global del territorio, así como los planes, las acciones y las tareas para alcanzarlos; establecer el quehacer para cada participe durante los plazos previstos, así como los medios económicos para llevarlo a cabo. No son meras palabras, sino un instrumento laborioso orientado a la acción, que pone un fuerte énfasis en los resultados prácticos.
¿Cómo influye, pues, esta divergencia en nuestra situación? Los poderes locales parecen tenerlo claro: actuar por su cuenta, sin dar cuentas. Eso sí, pedigüeños ante el poder estatal a ver si desde allí lo arreglan. No estaría mal este postrarse, si a la vez organizasen a la ciudad para hacer conjuntamente todo lo que desde aquí puede hacerse. Dejar de estar solo al albur de intereses muy peculiares, que solo presionan medidas de aquí y de allá, y escuchar atentamente a quienes viven y emprenden en la ciudad. Es decir, a los ciudadanos ceutíes. Formando también los imprescindibles equipos técnicos, un órgano con capacidad de articular el plan, un armazón estructural capaz de administrar su ejecución y aportar el conocimiento necesario que cada proyecto requiere. Porque las estrategias no suponen un fin en sí mismas, sino recorridos y medios para alcanzar los objetivos, los caminos a seguir; un conjunto de acciones o de medidas, a través de las cuales la ciudad ha de desarrollarse. Si nada de esto se ha previsto, no se puede hablar de plan estratégico.

III

Además existen objetivos necesarios cuya competencia es casi exclusiva de la Ciudad, y que no pueden ser realizados ni por otros poderes ni sin la plena capacidad de esta. A mi entender, en estas exclusivas condiciones, existen cuatro objetivos, que pueden ser compatibles con otros muchos, pero que en sí mismos reúnen la condición de ser ineludibles y absolutamente necesarios, y solo a partir de las competencias de la Ciudad se pueden llevar a cabo. Meramente enunciados son:
1º. Construir una nueva base económica que aporte a la ciudad una capacidad de producción diferente a la que hasta ahora ha tenido. Se incluye en este apartado todo lo referente a la posición de Ceuta respecto de Schengen y de la Unión Aduanera, la introducción de la “economía azul”, la apuesta por las energías del futuro, las condiciones para atraer nuevas actividades económicas e inversiones, así como todas aquellas innovaciones a las que podamos dar un espacio atractivo y beneficios superiores a los que otros territorios ofrecen.
2º. Modernizar la infraestructura urbana, ofreciendo a la nueva economía espacios, locales y viviendas, planificando el escaso territorio del que dispone la ciudad y ordenando las zonas de producción y transporte.
3º. Reformar su gobernabilidad, llevando a cabo una verdadera modernización de su administración, en gran medida tan decimonónica en el presente, burocratizada e ineficaz, incapaz de tratar a los ciudadanos como sus verdaderos clientes, de agilizar trámites y procedimientos o de facilitar un servicio práctico y diligente. Sin su modernización es difícil dar respuesta a todos los procedimientos innovadores que habrán de implementarse para instalar y desarrollar una nueva base económica, y
4º. Darle un sentido más profundo a su integración social a través del sistema educativo, buscando la adecuación del mismo a la realidad multicultural de Ceuta y haciendo que prime su especificidad sobre el dirigismo distante y uniforme diseñado exclusivamente desde el Estado.
Son cuestiones todas ellas sobre las que las únicas políticas públicas posibles son o deberían ser competencia de la Ciudad autónoma, si bien habrán de recabarse también apoyos estatales, pero sólidamente fundamentados en la idiosincrasia local y en sus necesidades, para así exigirlos y saber defenderlos. Todas ellas requieren, además, la concertación entre los actores públicos y privados, la racionalización de los procedimientos de actuación y lo que en definitiva es un plan estratégico: una planificación vinculada con la capacidad del territorio para movilizar y utilizar el potencial existente en el mismo. Es por otra parte, una dinámica especialmente local, que no está expuesta a las oportunidades ni a las prioridades de la política nacional, de modo que por sí sola podrían aportar beneficios reales.

IV

Lejos de esta dinámica, veamos cual es el modus operandi que hasta el momento se viene utilizando en Ceuta. En principio, apenas conocemos algo sobre el qué y el cómo del “programa estratégico coordinado con el gobierno de la Nación” que, “para ayudar a Ceuta”, se anuncia desde el gobierno de la Ciudad. Hasta el momento, a través de esta mediación, solo encontramos palabras sin contenido, nada transparentes y todo supeditado a la falta de credibilidad de la que la política nacional se resiente. Grandes expectativas, palabras solemnes y, mientras, aguantar a ver si algo se produce. En todo caso, si todo este teatro fuese algo más que un señuelo y tuviésemos un atisbo de en qué consiste, comprobaríamos que en absoluto resultaría incompatible con el propio desarrollo endógeno de la ciudad, del que nada se dice, a pesar de ser la transformación de Ceuta lo más necesario que debe abordarse.
Asimismo, al comentar el llamado “Plan estratégico para el desarrollo económico de Ceuta”, editado a modo de publicitad por PROCESA, considero que poco se puede decir del mismo como tal plan, pues se trata de una mera enunciación de los títulos de medidas, sin más. Como el documento carece de fecha de publicación, desconozco si algo más se ha intentado, pero en los medios y en la plaza pública no consta que se haya realizado mucha actividad.
Si además buscamos información sobre cómo se trabaja en Ceuta para recibir y gastar el dinero del Fondo de recuperación Next Generation EU, para implementar actuaciones económicas que contrarresten los efectos de la irrupción de la COVID-19, poco encontramos en relación con la ciudad. Internet está lleno de páginas web informando sobre las ayudas autonómicas y de otras muchas ciudades españolas; y los Ministerios negocian con unos y otros las medidas de carácter paliativo adoptadas para tratar de mitigar el golpe producido sobre el empleo, el consumo y el crecimiento. Todos los estamentos han coincidido en la necesidad urgente de acometer reformas e inversiones estructurales, aprovechando la oportunidad única de este inyección extraordinaria de fondos. Pues bien, con respecto a Ceuta, solo he podido encontrar (no en la web oficial de la Ciudad, que nada dice, sino en la Hemeroteca de El Faro de Ceuta) la noticia de “una propuesta definitiva” para este programa, publicada el 20 de octubre del año pasado (2020), en la que se anuncia su envío a la Dirección General de Fondos Europeos y a la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Un enlace del periódico remite al susodicho informe que aparece en papel sin ningún membrete. Consta de unas seis páginas, de las que las tres primeras son un resumen introductorio del programa europeo y las tres restantes contienen una relación nominal de posibles actuaciones susceptibles de ser financiadas: son menciones como, por ejemplo, “Proyectos de eficiencia energética para infraestructuras públicas y privadas”, sin concretar nada más. Algo semejante a lo del llamado “plan estratégico”, pero incluso con menos fuste.
Uno de los requisitos indispensables que la normativa europea exige para poder aprovecharnos de estos fondos, es que los proyectos concreten la participación en gobernanza de los actores públicos y privados a todos los niveles, es decir, que se pacten acuerdos estratégicos con la participación de los diferentes intereses, así como con la contribución de organismos independientes y de expertos. No he podido encontrar ninguna referencia al respecto, pero si algo hubiera, al ser con secretismo y sin participación, parece que no tendrían muchas posibilidades para su aplicación.
Con igual dificultad y cicatería nos enteremos, esta vez a través del proyecto de Presupuestos para la Ciudad, que el Gobierno quiere que se dilucide más adelante una posición definitiva acerca de la posible revisión de las condiciones en las que se sitúa nuestra especifica integración en la UE. Parece querer dar a entender que no se considera un asunto urgente el resolver esta cuestión, tal y como la situación requiere, que es evaluar nuestra posición para lograr un consenso sobre la misma. Destinar meramente una partida económica para estudiar el futuro, parece algo obvio y poco significa para la ejecución de estudios y debates que hace ya mucho tiempo deberían haberse realizado.
Es difícil entender qué razones justifican la dilación, tanto como el secretismo, la inconcreción y la falta de explicaciones en estas cuestiones tan trascendentales en los momentos presentes, y aunque existan razones que pudieran invocarse para justificarlo, lo que se observa a ojos vista y la realidad da a entender, es que todo ello está inmerso en una actitud donde predomina la desidia. Si tenemos en cuenta lo que a modo de preámbulo se ha formulado, es en este ingente torbellino que nos va asediando, donde ineludiblemente se va jugar nuestro futuro. Mucho trabajo, debate, organización y liderazgo son imprescindibles, pero no parece que otra clase de política lo haga posible. P.E. El pasado lunes 29 de noviembre, el JEMAD, almirante López Calderón, declaró en el Club Siglo XXI de Madrid que no considera que Marruecos sea actualmente una “amenaza” para Ceuta y Melilla, y que su actual rearme se justifica exclusivamente en el contencioso que mantiene con Argelia. Tener músculo en este caso, por ejemplo, sería que, a la vista de estas declaraciones, los diputados y senadores de Ceuta y Melilla, urgidos por la presión social, ya hubiesen registrado una interpelación al gobierno del tenor: “¿Comparte el Gobierno las declaraciones recientes del JEMAD de que Marruecos no constituye una amenaza para España?”. Al menos, la respuesta, aunque fuese evasiva, nos depararía información sobre el futuro que nos aguarda.

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