Tribunales y justicia

Piden seis meses de cárcel por un delito contra la seguridad vial

  • Mientras los testigos, dos policías locales, dijeron no reconocerle, el acusado señaló que estaba en prisión el día de los hechos

Visto para sentencia ha quedado el juicio contra R.G.A. acusado de un delito contra la seguridad vial por el que se pidió una pena de seis meses de prisión.
Los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 9 de noviembre de 2014 cuando los agentes de la Policía Local dieron el alto a una motocicleta que circulaba por el Recinto Sur y que, haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes, se dio a la fuga.
En su defensa, el acusado indicó que en esa fecha se encontraba cumpliendo prisión en una cárcel de la Península, mientras que acusó a su hermano, del que tiene una orden de alejamiento, de ser él quien conducía el vehículo. Aunque durante la Instrucción aseguró ser él el conductor de la motocicleta, durante la vista celebrada ayer llegó a negar los hechos asegurando que le habían suplantado su identidad.
Los dos testigos citados a la vista, los agentes de la Local que intervinieron en el dispositivo, poco aportaron con sus declaraciones. Mientras el primero de ellos señaló no recordar ni al acusado ni lo que ocurrió el día de los hechos, el segundo dijo conocerlo por intervenciones policiales anteriores, pero mostró sus dudas sobre si era el conductor de la motocicleta al que dijo no reconocer como tal.
Ante la declaración de ambos testigos, el abogado de la Defensa pidió la libre absolución para su patrocinado, que tuvo que ser expulsado de la Sala por falta de respeto a la autoridad judicial. El letrado justificó sus conclusiones en el hecho de no haber sido reconocido por ninguno de los dos testigos.
El Ministerio Fiscal, por su parte, aseveró que, pese a no haber sido reconocido por los agentes, la matrícula sí había sido identificada. Durante sus conclusiones incidió igualmente en la declaración del acusado sobre su permanencia en la prisión el día de los hechos, cuestión que la Fiscalía ha solicitado que se investigue como un delito de falsedad documental.

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