La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a dos años de prisión al llamado Y.A.Ch., detenido en agosto de 2019 cuando llevaba a un inmigrante en una moto de agua sin la debida protección por si se producía un accidente y caía al mar. La Guardia Civil lo detuvo y desde entonces permanecía en prisión preventiva por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La figura jurídica de la conformidad sirvió para dictar sentencia in voce, después de que el acusado reconociera los hechos y por tanto se confesara criminalmente responsable del pase que fue abortado por el Servicio Marítimo del Instituto Armado. En un principio el Ministerio Fiscal solicitaba en su calificación inicial una pena de hasta 7 años de prisión, atendiendo al peligro que podría haber corrido la vida del inmigrante. Tras el acuerdo entre la Acusación y Fiscalía, la pena acordada fue de dos años.
El tribunal del máximo órgano judicial en nuestra ciudad dejó para sentencia la aclaración de dos extremos. El primero, si tal y como solicitó la Defensa, acuerda la suspensión de la pena impuesta al acusado. Algo a lo que se opuso la Fiscalía al tener, en el momento de su detención, dos antecedentes por otros delitos. El segundo, si la moto de agua que llevaba el acusado se le devuelve a su legítimo propietario. Fiscalía se opuso y existe jurisprudencia que sostiene que en el caso de las motos de agua, aunque no sean propiedad de sus pasadores, no se les puede devolver a sus legítimos propietarios si han estado relacionadas con un delito de tráfico de personas al considerarse como parte de esa organización.
El dueño de la embarcación que declaró ayer como testigo indicó que se la había dejado a un amigo y que este, a su vez, fue el que se la dejó al acusado. No sabía que iba a emplearse a tal fin delictivo por lo que reclamaba que se le fuera devuelta o, al menos, que se saque del agua para que esté en buen estado.
