La Dirección del
Centro Penitenciario de Loma Mendizábal ha puesto en marcha un ambicioso protocolo en materia de igualdad y
perspectiva de género con el propósito de “tener siempre en cuenta, en todas sus actuaciones, a la
mujer privada de libertad” de acuerdo con las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo y la Orden de Servicio emanada el verano pasado de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
El documento elaborado por los responsables de la cárcel de la ciudad autónoma se propone “no sólo conocer de forma separada la situación de mujeres y hombres en el ámbito penitenciario, sino también percibir posibles desigualdades y corregir este sesgo para que cada actividad,
programa de tratamiento o prestación de la administración mantenga la misma eficacia para hombres que para mujeres”.
Atendiendo a las directrices del Defensor del Pueblo, el Centro Penitenciario de Ceuta realizó un estudio “transversal” y “pormenorizado” de su situación en materia de igualdad a la luz de las medidas que venía implantando desde 2020 que concluyó con “una revisión de todos los mecanismos e instrumentos para sentar las bases para la efectiva transversalidad de la igualdad, procurando articular la gestión y el impulso de la misma dentro de los distintos departamentos y por las propias personas que los componen”.
El Protocolo ha establecido tanto la “adaptación a un lenguaje inclusivo y sin marcaje de género de todos los documentos, informes y modelos normalizados generados en el Centro Penitenciario” como la obligación de “ofrecer a las internas desde el momento del ingreso un ambiente basado en la seguridad, la dignidad y el respeto, donde pivoten como ejes principales de intervención cuestiones relativas a la educación emocional, a la higiene y salud femenina, y a lo relacionado con el embarazo y la maternidad, promoviéndose desde el mismo momento del ingreso un abordaje adecuado a las necesidades de las mujeres”.
Para ello se ha ordenado efectuar “un análisis prioritario de la situación familiar de las mujeres ingresadas” con el propósito de que puedan acceder al régimen abierto “teniendo en cuenta las múltiples circunstancias diferenciadoras y de riesgo en las que una mujer puede ingresar en prisión”.
Además, se ha acordado implantar recursos externos “para todas aquellas personas ingresadas que, mostrando una evolución favorable, no pueden acceder al régimen de semilibertad por ausencia de vinculación en el exterior o por carecer de recursos económicos, especialmente en víctimas de violencia de género”.
Igualmente es preceptivo “incorporar la perspectiva de género en el estudio de las revisiones de clasificación” analizando en cada caso factores como edad, estado civil, cargas familiares, situación laboral previa, antecedentes, discapacidad...”.
El Centro Penitenciario debe “reservar” para las mujeres ingresadas “un cupo mínimo de plazas en cada una de las especialidades educativas ofertadas” y “prestando especial a las extranjeras”.
El Protocolo prescribe “impulsar el acceso de la mujer a todas las
acciones formativas y a la actividad laboral en destinos ‘no feminizados”, así como facilitar a las internas su incorporación a “todos los programas de tratamiento”, desde SERMUJER (para víctimas de malos tratos) hasta los de intervención en drogodependencias o prevención de suicidios y Salud Mental.
En la misma línea, se exige un uso de las dependencias comunes “por ambos sexos” para promover “la igualdad de oportunidades y nuevas parentalidades”, así como “garantizar las internas, en caso de ser necesario, puedan ser ubicadas en la Enfermería, el Centro de Integración Social (CIS) o el Departamento de Ingresos, uno de los reproches del Defensor.
El CIS cuenta con 50 habitaciones dobles y una individual y se ha acordado dejar la planta baja, equipada con 17, para las féminas encarceladas.
El Centro Penitenciario ha decidido incorporar la perspectiva de género también al protocolo de revisión de salud (con facultativas, haciendo hincapié en patologías exclusivas femeninas...), así como potenciar la asistencia médica ginecológica y reforzar el Equipo Multidisciplinar de Salud Mental.
Desarrollar acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, formar al personal en perspectiva de género o crear un Equipo de Igualdad son otras de las medidas que se han aplicado en la prisión local durante el último semestre.