El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en su reclamo al Ejecutivo central para que se siente a negociar con el PP y Junts la modificación de la Ley de Extranjería. Esto para proceder al traslado de los menores inmigrantes no acompañados que se atienden en Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas.

En este sentido, Clavijo ha recalcado este domingo que es preciso que el Gobierno “se siente con Junts y el PP para sacar adelante la modificación de la ley”, argumentando que “tiene que ser un proyecto de Estado".

El presidente de Canarias ha hecho hincapié en que es preciso "dar una respuesta de país para solucionar el problema”.

Según lo expresado por Clavijo, el Partido Popular “ya ha dicho que quiere sentarse a negociar porque la propuesta para la modificación de la ley no recogía lo que pedían”.

Ha añadido que "lo que procede es que el Gobierno de España o los ministerios que sean se sienten a negociar con el PP".

A su juicio, sólo así se va a desatascar la situación porque "si queremos repetir lo mismo conseguiremos los mismos resultados".

Por otra parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha pedido este domingo al Gobierno central que destine a la comunidad autónoma, de forma "inmediata", los 150 millones de euros que ha solicitado para poder pagar a las ONG que atienden a los inmigrantes que llegan en pateras y cayucos a las islas.

¿Qué dice la reforma de la Ley de Extranjería?

El planteamiento de reforma de la Ley de Extranjería se hace para modificar el contenido del artículo 35 de la norma para establecer un reparto vinculante de los menores inmigrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas desde las regiones más afectadas, incluyendo Ceuta.

De acuerdo con la iniciativa este reparto vinculante deberá completarse en los 15 días posteriores al registro del menor.

Con el nuevo artículo que se pretende introducir, el 35 bis, se busca declarar “la existencia de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria en Canarias, Ceuta y Melilla”, bajo el argumento de estos son “territorios donde las peculiaridades de su ubicación geográfica favorecen la llegada de los flujos migratorios actuales”.

En la modificación se entiende como sobreocupación cuando los menores acogidos superen en un 150% el número de plazas disponibles en el sistema.