Caballas propondrá al pleno un catálogo de precios para las obras públicas

• Los localistas, sorprendidos ante las bajas en el precio de licitación que se producen en algunos procedimientos

“Los procedimientos de adjudicación de obra pública se están saldando con unos resultados sorprendentes. En la mayoría de los casos las bajas en el precio de licitación están superando habitualmente el cuarenta por ciento, siendo en ocasiones superiores al cincuenta por ciento. Nadie puede entender muy bien cómo se pueden reducir de un modo tan exagerado los precios de licitación. ¿Quién y cómo los calcula?”. Esto es lo que se pregunta Caballas, que ha decidido llevar al pleno de marzo que se va a celebrar la semana próxima una propuesta de creación de catálogo que contenga los precios para las obras públicas. Unos precios de construcción que servirán de garantía para evitar estas ofertas tan sorprendentes.

“Para conformar las facturas de obras realizadas sin consignación presupuestaria (o sin contrato), que posteriormente se reconocen de manera extrajudicial, se recurre al concepto (así lo establece la ley) de precio de mercado. Sin embargo estos precios no aparecen en ninguna publicación oficial, de modo que cada redactor de informes los aplica siguiendo sus criterios”, añade, considerando que su propuesta puede servir para blindar las ofertas y evitar situaciones adversas que pongan en peligro el desarrollo de la obra pública.

Caballas considera que un concepto que tiene tanta repercusión en todas las fases posibles de la ejecución de una obra pública (elaboración de pliegos, reconocimiento de facturas, liquidación de contratos, modificados, etc), como los precios de mercado de las unidades de obra, no puede quedar a la libre interpretación de las partes, “máxime en una Ciudad como la nuestra en la que los costes tienen características muy singulares”, reseña en un comunicado.

“Consideramos que el Consejo de Gobierno debería aprobar anualmente un catálogo de los precios de mercado de las unidades de obra que sirva de referencia, tanto para la propia administración como para las empresas y profesionales del sector, evitando así situaciones de dudosa legalidad”, matiza.