Caballas interpelará al Gobierno en la sesión plenaria de la próxima semana sobre los controles que se llevan a cabo para garantizar los procesos de adjudicación y transmisión de viviendas protegidas. La coalición insiste en este asunto toda vez que no ha obtenido respuesta de anteriores peticiones para que haya transparencia.
Recuerda Caballas que ya el pasado 12 de agosto, solicitaron la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Emvicesa y que a pesar de haber transcurrido más de un mes, la reunión no se ha celebrado.
“Por ello que instamos a que expliquen por qué no se ha convocado el Consejo de Administración solicitado y en por qué no se ha abierto el correspondiente expediente disciplinario para sancionar las irregularidades detectadas en las promociones de Monte Hacho y Serrano Orive”, explican en su interpelación los localistas.
El concejal Aróstegui, que será quien presente dicha interpelación, recuerda que su formación viene insistiendo en la necesidad de extremar todos los mecanismos de control para garantizar la legalidad en todos los procesos. “La especulación y/o enriquecimiento injusto con las viviendas de protección pública, deleznable en cualquier caso, en nuestra ciudad se convierte en una ofensa insoportable”, aclara.
El primer partido en la oposición no entiende cómo el Gobierno actúa “con una laxitud incomprensible” ya que “los casos de irregularidades detectados en diversas promociones no han generado los expedientes correspondientes. No se puede entender esta complicidad con la corrupción materializada en un silencio administrativo inaceptable”, señala.
La ordenanza de autobuses y sus vacíos
Caballas interpelará al Gobierno para que explique las razones por las que no se está aplicando la ordenanza de autobuses para que se cumpla con todas las rutas, horarios y frecuencias establecidas con las distintas barriadas. Mohamed Alí presentará dicha interpelación recordando que existe un Reglamento de Autobuses, cuya finalidad primordial era recuperar la tutela efectiva del servicio por parte de la administración, “cuya dejadez había dejado en manos de la empresa adjudicataria todas las decisiones relevantes relacionadas con este servicio público básico”, denuncia. “La cuestión fundamental a resolver, y más controvertida, era la determinación de las líneas, horarios y frecuencias; que debería responder a las demandas ciudadanas, y no a la rentabilidad económica del servicio”, apunta Alí. A juicio de los localistas, la aprobación de la ordenanza “no ha surtido ningún efecto” ya que siguen existiendo “frecuencias ridículas (un autobús cada dos horas en la ruta del centro), itinerarios disparatados (en la comunicación entre barriadas) o lugares a los que sigue sin llegar el autobús. Esto sucede a pesar de que el artículo 6º de la actual ordenanza establece que será la administración competente la que determinará las líneas, las frecuencias y los horarios del servicio”.
