La coalición Caballas elevará al Pleno en su próxima Sesión Ordinaria una propuesta para instar a la Corporación a que encargue al Ejecutivo que preside Juan Vivas que solicite al Gobierno de la Nación “la puesta en marcha en nuestra ciudad de un Programa de Empleo e Integración Social similar en sus condiciones al Plan de Empleo Rural (PER) de Andalucía y otras Comunidades Autónomas”.
La iniciativa parte de la constatación de dos “hechos irrefutables” que a juicio de los localistas precisan de una respuesta más eficaz de la Administración local: por un lado, que las cifras de paro en la ciudad “reflejan con absoluta rotundidad una situación de auténtica emergencia social. “No somos capaces de contener esta dramática hemorragia que sume en la desesperación a un número cada vez mayor de familias y más de 14.000 personas están registradas como parados oficialmente, aunque la cifra será probablemente mayor”, recuerda la propuesta.
Por otro, que este “grave problema” que “amenaza muy seriamente el futuro de Ceuta y pone en riesgo la propia convivencia”, no tiene solución “a corto plazo” porque “la economía local, muy debilitada, no puede generar empleo suficiente para rebajar significativamente los índices de paro”.
Ante ese panorama, el primer grupo de la oposición en la Asamblea opina que “la Ciudad tiene la obligación constitucional de aplicar los medios necesarios para paliar los demoledores efectos que sobre las personas ocasiona esta lacra”. “Esto no está sucediendo en Ceuta”, lamenta Caballas, “porque las prestaciones por desempleo apenas dan cobertura a un 40% de los afectados y los Planes de Empleo, concebidos para otra finalidad, no son el instrumento adecuado para la realidad local, entre otros motivos por su carácter temporal”.
El argumentario de la propuesta subraya que en la ciudad autónoma “existe un muy amplio colectivo de escasa o nula empleabilidad, expulsado del mercado laboral y sin posibilidades de retorno” y que esos ceutíes “se encuentran, hoy por hoy, absolutamente desprotegidos”.
Así, y dado que esta situación “no es nueva ni excepcional” porque “es de idéntica naturaleza a la que en su día fundamentó la puesta en marcha del PER en Andalucía y otras Comunidades”, los de Mohamed Ali consideran que está más que justificado pedir para Ceuta “un mecanismo de solidaridad similar al que se viene aplicando desde hace 28 años con el apoyo de todos los partidos políticos en esas regiones”.
Caballas se pregunta “y quiere hacer partícipe de ello al resto de grupos políticos: “¿Por qué Ceuta tiene que soportar un trato discriminatorio?”. “Ante situaciones iguales”, reivindica, “soluciones iguales y Ceuta necesita, urgentemente una medida de esta naturaleza”.
El PER generó el año pasado en Andalucía unos 100.000 contratos
El Plan de Empleo Rural (PER, ahora denominado Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA) se creó en el año 1983 como un instrumento “de desarrollo rural” consistente en promover “la realización de obras y servicios de interés general” mediante la contratación de personas desempleadas.
Su fin primordial es “que aquellas personas que trabajan en la actividad agrícola puedan ver complementado este trabajo de carácter estacional con otra actividad en su propio municipio, favoreciendo el desarrollo económico de ciudadanos y municipio”, según explica la Red de Innovación Social de Andalucía (Guadalinfo).
El Estado subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales de acuerdo con los dispuesto en un Real Decreto de 1997 por el que se regula la afectación, al programa de Fomento Agrario, de Créditos para inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autonómicas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.
Las Diputaciones Provinciales y la Junta de Andalucía, por su parte, subvencionan la adquisición de los materiales necesarios para realizar los proyectos aprobados.
La dotación total del PFEA andaluz para 2013 ascendió a 206,79 millones de euros, como el ejercicio anterior. Esta cantidad procede en su mayoría de la Administración central (147,7 millones). La Junta y las diputaciones provinciales aportan el resto con el 75% y el 25%, respectivamente. El desarrollo del plan permitió generar alrededor de dos millones de jornales y 105.000 contratos.
