Caballas anunció ayer que trasladará al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas las facturas por valor de al menos 7 millones de euros que la Ciudad habría “acumulado en los cajones” en los últimos meses y para las que no existe dotación presupuestaria. La coalición dice responder así al “escándalo” y a la “irresponsabilidad” de la Administración local, que según su denuncia habría incumplido el acuerdo plenario por el que se comprometió a no incurrir en más desfases en las cuentas públicas tras
asumir una deuda 82 millones de euros que ha logrado afrontar con cargo al Plan de Pago a Proveedores pero “que se está pagando al 5 por ciento de interés”.
Los líderes de la formación, Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui, alegaron que la protesta en Madrid es el último recurso al que se abocada la oposición en la Asamblea tras constatar que el Ejecutivo “vuelve a incurrir en prácticas que aseguró que no se volverían a repetir” y rechazar, además, su propuesta de sancionar a los cargos públicos que autorizaron en el pasado partidas no consignadas previamente en los Presupuestos municipales.
En la relación expuesta ayer figuran, como pendientes de pago en los últimos meses, 3 millones de euros a la empresa Cadagua, encargada de la gestión de la desaladora; otros 500.000 euros a la sociedad que se encarga del mantenimiento del alumbrado público; 650.000 euros a la empresa de suministro eléctrico o 500.000 a FCC. El listado lo completarían EOC, a la que se adeudarían 300.000 euros, y Aquasur, con 200.000 euros pendientes de cobro, además de otras empresas que se repartirían una deuda conjunta de otros 500.000 euros.
A esas cantidades se sumarían los 1,5 millones de euros “desaparecidos” en el “boquete negro” del Instituto Ceutí de Deportes como consecuencia, matizó Aróstegui, de una “práctica ya habitual” en la Ciudad que “no puede considerarse un caso de corrupción”, pero que consistiría en autorizar a empresas la prestación de servicios –como ocurriría con Arasti Barca– sin consignación presupuestaria previa. “Se hace así, y cuando la empresa quiere cobrar por su trabajo no se puede pagar porque el dinero no está o se ha gastado con otra finalidad”, denunció. El capítulo de desfases incluiría, añade Caballas, el pago de 300.000 euros a un ciudadano perjudicado por la caída en el Puerto de un muro de una obra municipal “de la que no se ha localizado el expediente previo”.
El primer grupo de la oposición reprocha al Gobierno que “se haga trampas” a sí mismo y, como ejemplo, cita el de la empresa Cadagua, “cuyo coste se sabe que asciende cada año a 7 millones de euros, pero se presupuestan sólo 4 para maquillar las cuentas y presumir luego de que se destina más dinero a Asuntos Sociales o inversiones”. Aróstegui intuía ayer que esa estrategia persigue “ganar tiempo y salvar los muebles hasta el mes de mayo”, aun a riesgo de “hipotecar el futuro” bajo el lema “se paga si se puede y si no, el año que viene se verá” .
“Si el Servicio de Traducción fuera en inglés nos aplaudirían...”
Caballas asume que su propuesta para que Ceuta cuente con un Servicio Municipal de Traducción, planteada el lunes, no recibirá el beneplácito de la mayoría de la Asamblea. La coalición insistió ayer en que ese nuevo órgano es imprescindible para una gestión eficaz de los numerosos expedientes en los que se ven inmersos, a diario, ciudadanos extranjeros cuya lengua materna es el árabe. “No es normal que no exista en una ciudad fronteriza”, subrayaron Ali y Aróstegui. Como ejemplos, recordaron los trámites vinculados a la llegada de menores marroquíes a la ciudad, o la atención a las víctimas de violencia de género atendidas por el Centro Asesor de la Mujer, pero también “a cualquier visitante que llegue a comprar y tenga un percance, o un turista que necesite atención”, citaron para justificar la iniciativa. “Duele que haya que plantearse si esto podemos o no hacerlo cuando se mueve tal volumen de expedientes de extranjeros”, denunció Aróstegui, que achacó las críticas recibidas al “prejuicio” que insiste en que “Caballas solo defiende a los musulmanes”. Esa idea preconcebida, lamentó, “mete a la ciudad en un callejón sin salida” para las futuras generaciones. “Si pidiésemos que el Servicio de Traducción fuera en inglés, seguro que nos aplaudirían”, ironizó.
