Caballas insistió ayer en su denuncia sobre los reconocimientos de deuda por parte de la Ciudad a proveedores de servicios sin la existencia de licitaciones ni expedientes de adjudicación previos
Ese sistema de contratación, que según el primer partido de la oposición se ha convertido en tónica habitual por parte de la Administración local, afectaría ahora al Instituto Ceutí de Deportes. Según la documentación a la que ha tenido acceso, el ICD estaría a punto de aprobar este viernes una partida de 449.442,78 euros con los que haría frente a las deudas contraídas con Arasti Barca, la empresa burgalesa que gestiona los servicios de monitores de natación para los cursos que se imparten en las piscinas municipales.
En el listado que ayer difundió Caballas figuran hasta 20 facturas presentadas por la empresa con fechas que abarcan desde el 31 de octubre de 2012 hasta el 2 de septiembre de 2013, todas ellas por importe de 18.305,22 ó 27.565,04 euros. Esos gastos incidirían en lo que la formación encabezada por Ali y Aróstegui considera “una praxis ilegal que conlleva perjuicios para las arcas públicas, dando cabida a la contratación verbal de diferentes servicios sin que éstos gocen de las garantías procesales pertinentes”. Esa práctica, denuncian, “se extiende en prácticamente toda la Administración y sus sector periférico”.
En su denuncia, Caballas plantea varias interrogantes que considera que complican el caso. En primero lugar, se pregunta “cómo va a poder hacer frente la Ciudad a este medio millón de euros” que suman las facturas sobre las que ahora se ha reconocido la deuda. Además, plantea en segundo lugar “de dónde va a obtener esta cantidad, máxime cuando el Instituto Ceutí de Deportes no dispone de una partida presupuestaria para ello, ni dispone de unos presupuestos saneados”.
No es la primera vez que Caballas pone el dedo en la llaga sobre los reconocimientos de deuda, un sistema por el que una empresa presta un servicio sin expediente ni adjudicación previa pero, una vez concluido el trabajo, presenta la consabida factura y la Ciudad debe afrontarla. “Este reconocimiento de deudas evidencia la falta de previsión del Gobierno, un absoluto desprecio a los procedimientos administrativos preceptivos y la cristalización de una fórmula para acceder por la puerta de atrás a la adjudicación de contratos”, denuncia el partido.
