La coalición Caballas ha anunciado su intención de llevar a pleno una propuesta de urgencia para debatir sobre el comportamiento de la empresa Urbaser, adjudicataria del contrato de la basura, y el control que sobre ella ha ejercido la Ciudad. En dicha propuesta Caballas pretende conseguir el apoyo de todas las partes para defender una reprobación al Gobierno por su “negligencia culpable”, al considerar que ha existido un consentimiento para que Urbaser haya incumplido “impunemente, de manera sistemática y continuada, el Pliego de Condiciones que regula” el servicio de la recogida de basura. Entiende Caballas que por esa “actitud negligente” se han “lesionando los intereses generales” y se ha “ocasionado un considerable quebrante a las arcas públicas”.
El principal partido en la oposición no se queda ahí, ya que, además de esa reprobación, solicita que se adopte la oportuna responsabilidad política, que deberá materializarse en la “dimisión o cese de cuantos cargos públicos hayan ostentado la responsabilidad de velar por el cumplimiento del pliego de condiciones durante su aplicación”.
La propuesta de Caballas hará que el llamado ‘caso Urbaser’ trascienda del ámbito mediático-judicial llegando a ser motivo de discusión en un foro como el pleno ordinario, que se celebra mañana. Fundamenta su propuesta en lo sucedido tras la extinción del contrato con Urbaser, al resultar la empresa TRACE adjudicataria del servicio. Caballas alude a la existencia de reclamaciones y demandas interpuestas por un importe superior a los quince millones de euros, además de a la desviación de 12,5 millones; asuntos que han sido objeto de importante polémica en las últimas semanas y que ha conllevado a la realización de dos informes que han resultado enfrentados, realizados por técnicos de la Ciudad.
“El Gobierno ha adoptado la posición de integrar en un único expediente todos los pormenores relativos al contrato y resolverlo en su conjunto ante los tribunales”, recuerda Caballas, que discrepa radicalmente de esta forma de abordar la cuestión ya que considera que debe adoptarse decisiones inmediatas más allá de la respuesta que den los jueces. “Los hechos que se están valorando tienen una dimensión jurídica que habrá que dilucidar en este ámbito (en el que el Gobierno cuenta con el apoyo explícito de Caballas); pero tiene también una indiscutible dimensión política que no se puede obviar bajo ningún concepto. Una ciudadanía hastiada por la corrupción en todos los niveles, no puede conformarse con un emplazamiento a los jueces que se resolverá en un plazo no inferior a una década. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado con sus impuestos”, concreta. La coalición mantiene, no obstante, que la Ciudad no incurrió en malversación de fondos alguna.
