Un buen día para la justicia

Hay días en los que la Justicia avanza porque se retira de escena quien nunca entendió que el poder judicial no es un escenario, sino una responsabilidad. El domingo 27 de septiembre, fecha de la jubilación del juez Juan Carlos Peinado, es uno de esos días. La Justicia, como he escrito otras veces, no solo habla por lo que dice. Habla, sobre todo, por cuándo lo dice. Y Peinado ha elegido despedirse con un gesto tan ruidoso como previsible: dictar un auto de apertura de juicio con jurado popular contra la esposa del presidente del Gobierno, apenas seis días antes de abandonar la carrera judicial. Un auto que, más que una resolución, parece un epílogo. El último acto de una instrucción que nunca debió convertirse en narrativa.

El tiempo es uno de los poderes más silenciosos de un juez. No aparece en los códigos, pero pesa. Peinado lo sabe. Por eso su auto llega ahora, en la semana exacta de su jubilación, cuando ya no tendrá que responder ante la responsabilidad institucional de sus decisiones. Y, nuevamente, aprovechando la publicidad mediática de un viaje internacional del presidente del gobierno. Es el gesto final de quien ha entendido la instrucción como una forma de presencia pública. Como un modo de estar. Como un modo de ser.

En mis artículos anteriores he descrito tres figuras del poder judicial que conviene recordar: el pequeño tirano, que convierte la cautela en vigilancia; el burócrata vengativo, que transforma la norma en instrumento de reafirmación; y el juez que dramatiza, que confunde la imparcialidad con la notoriedad.

El auto de Peinado encaja en ese patrón. No porque abra juicio —la Audiencia Provincial ya había delimitado el perímetro de los hechos y avalado la competencia del jurado— sino por cómo lo hace. Por el tono. Por la narrativa. Por la insistencia en subrayar que la intervención de Begoña Gómez “no se produjo en un contexto neutro”, sino por ser “la mujer de Sánchez”, según recoge el propio auto y la crónica de Público. Por la comparación, reiterada, del Gobierno con “regímenes absolutistas” y con el reinado de Fernando VII. Por la construcción de un relato político donde debería haber solo un análisis jurídico. Un juez puede equivocarse. Lo que no puede es convertir la instrucción en literatura política.

Hay un elemento que debería preocupar a cualquier jurista: el Ministerio Fiscal no acusa. Ha pedido el sobreseimiento. Y cuando un ciudadano —sea quien sea— es enviado a juicio únicamente por la acusación popular, la jurisprudencia exige una motivación reforzada, un análisis especialmente riguroso de los indicios, una contención extrema. Nada de eso aparece en el auto.

Peinado se limita a afirmar que “pueden ser considerados como hechos punibles” y a reproducir, sin contraste crítico, la tesis de la acusación popular. No pondera la consistencia de los indicios. No analiza la proporcionalidad de las penas solicitadas. No examina la tesis de la defensa sobre la inexistencia de perjuicio patrimonial. No explica por qué, en ausencia de fiscal, la acusación popular no es temeraria. La Justicia no se defiende enviando a juicio a quien no debería estar en él. Se defiende protegiendo el estándar de garantías que hace que un juicio sea justo.

El auto llega, además, en un contexto de críticas institucionales inéditas. El Ministerio del Interior presentó una queja formal por la insinuación de que los escoltas de la esposa del presidente podrían colaborar en una fuga. El CGPJ tuvo que reunirse de urgencia para analizar si esas palabras vulneraban los límites de la motivación judicial. Y la Audiencia Provincial corrigió al juez en varias ocasiones, restando delitos, anulando medidas cautelares y ordenando repetir fases completas de la instrucción.

No es habitual que un juez de instrucción acumule tantas rectificaciones en un solo procedimiento. No es habitual que un auto genere tantas alarmas institucionales. No es habitual que un magistrado compare al Gobierno con el absolutismo en un documento procesal. Pero la Justicia también se mide por lo que deja de ser habitual.

El 27 de septiembre será un buen día para la Justicia. No porque se cierre un caso —el juicio aún está por celebrarse— sino porque se cierra una etapa. La etapa de un juez que confundió la independencia con la exhibición, la cautela con la sospecha, la imparcialidad con la narrativa. La jubilación de Peinado no resolverá el caso. Pero sí permitirá que el juicio se celebre sin la sombra de quien convirtió la instrucción en escenario. Y eso, en un país que necesita jueces que sean garantes y no protagonistas, es una buena noticia.

La democracia no se debilita solo por grandes decisiones. Se debilita por pequeñas extralimitaciones repetidas. Por autos que parecen comunicados. Por medidas que parecen gestos. Por comparaciones históricas que parecen advertencias. Por la sensación de que el poder judicial puede convertirse, si nadie lo frena, en un actor político más.

Un buen día para la Justicia no es aquel en que se condena a alguien. Es aquel en que la Justicia recupera su forma. Su función. Su silencio. Y ese día, por fin, llega el domingo.