El Gobierno de la Ciudad se afana en pregonar insistentemente su intención de acabar con las construcciones ilegales. Se ha convertido en el lema de la legislatura. Es una actitud preocupante porque bajo estas afirmaciones vacías de contenido subyace un mensaje inoportuno portador, en sí mismo, de inestabilidad.
El Gobierno sabe perfectamente que es imposible eliminar las construcciones ilegales que existen en estos momentos en nuestra Ciudad. Se cuentan por miles. Y en ellas viven personas. Presentar como prueba alguna demolición (obligada por sentencia judicial) es ridículo. No se puede vaciar el mar Mediterráneo con una cucharilla de café. La pasividad (irresponsabilidad) de la administración, que ha provocado un insalvable desfase entre el desarrollo urbanístico y el crecimiento demográfico, ha generado una realidad irresoluble desde el punto de vista de la legalidad vigente. Tampoco ha existido voluntad de acometer con la determinación precisa este problema. Daremos un solo dato, suficientemente ilustrativo. Del acuerdo plenario, adoptado por unanimidad en el año dos mil cinco, para regularizar las viviendas del Príncipe, aún no se ha iniciado un solo trámite. Han pasado once años.
El Gobierno, cuando repite a modo de bravata su firmeza en erradicar definitivamente esta "lacra", lo hace esgrimiendo la defensa del principio de legalidad. Sin embargo, esto no es más que una añagaza. Las construcciones ilegales, de mayor o menor dimensión, proliferan por toda la ciudad. Por ejemplo, el cerramiento de áticos (generalizado) no se ajusta a las normas urbanísticas. En pleno centro de la Ciudad existen ilegalidades flagrantes sobradamente conocidas ante las que no se actúa. Pero nadie piensa en ello cuando se habla de ilegalidad.
No se puede entender por qué el Gobierno se empeña en repetir este discurso sabiendo que no es posible hacer lo que pretende y exhibiendo además una clamorosa contradicción con su voluntaria inhibición en determinados casos. Y es llegado este punto cuando la lógica nos desvela su verdadera intención. En la mayoría de la opinión el concepto "construcciones ilegales" se asocia automáticamente a "asentamientos que invaden Ceuta". De este modo se pretende lanzar un mensaje subliminal a los sectores más reaccionarios de que el Gobierno está luchando contra la "invasión". Lo que ocurre es que la subliminalidad no opera en una sola dirección. Llega a todo el mundo. Y se puede interpretar en otros ámbitos como un gesto de hostilidad. Innecesario, inconveniente, y muy pernicioso por desestabilizador.
Si el Gobierno, de verdad, quiere resolver los graves problemas urbanísticos, sabe muy bien lo que debe hacer. Ponerse a trabajar con discreción. Recuperar el suelo de los ceutíes, ordenarlo adecuadamente, construir viviendas, diseñar y ejecutar planes de regularización (cuando sea posible) y de realojo (cuando no lo sea); y paralelamente, velar por la disciplina urbanística (sin estridencias mediáticas). Desde el sentido de la responsabilidad, la asunción de la realidad de Ceuta, y un plan de futuro. No estamos para bravatas de las que después nos tengamos que arrepentir.
