La Dirección General de Recursos Humanos de la Ciudad ha llegado a un acuerdo con los
sindicatos para ampliar de 12 a 15 el número de efectivos disponibles en el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) por las tardes al menos hasta el 31 de julio, con lo que el jefe del Cuerpo dispondrá de más margen de maniobra para organizar los retenes de detección precoz de
incendios forestales. Ese es el acuerdo que han alcanzado esta mañana los representantes de UGT, CCOO y CSIF con el director general de Recursos Humanos, Rafael Alarcón, de la Consejería de Hacienda que dirige Kissy Chandiramani. Desde la central mayoritaria han manifestado una “gran satisfacción” por el pacto alcanzado y por la “colaboración” de ambos para cerrar la crisis abierta con el SEIS, cuyos delegados
habían amenazado con no hacer ningún servicio adicional si no se recuperaba también el de García Aldave y el Monte Hacho veraniego. El acuerdo permitirá contar con el retén extraordinario durante esta noche de San Juan sin necesidad de que la consejera, como ella misma había dicho desear no tener que hacer, “obligase” a los funcionarios a desplegarse por razones de riesgo para la seguridad de las personas. UGT, CCOO y CSIF han explicado en un comunicado conjunto que “este es un acuerdo provisional que se mantendrá hasta el 31 de julio” y que “durante este periodo de tiempo se verá si este es el sistema más adecuado para cubrir este servicio o hay alguna alternativa mejor”. El Ejecutivo local había pedido al SEIS que organizase sus servicios, con o sin retén de vigilancia de conatos de detección precoz de fuego en los montes durante el verano, sin recurrir a horas extraordinarias que suponen un desembolso de unos 52.000 euros al año.
El Gobierno de Vivas está intentando acotar el pago de esas retribuciones de acuerdo con las prescripciones del Tribunal de Cuentas (TCu), que en su último informe anual cifró en más de 1,1 millones de euros las cantidades abonadas en la Ciudad por gratificaciones denominadas ‘horas por servicios extraordinarios’. Según un órgano fiscalizador las cobró un total de 425 funcionarios, es decir al 51% de la plantilla, un escándalo: “La prestación regular de estos servicios fuera de la jornada no ha tenido el carácter extraordinario recogido en el Acuerdo regulador, ni se ha circunscrito a los casos excepcionales previstos en el mismo, habiéndose observado que su retribución se ha realizado de forma periódica en el tiempo y fija en su cuantía”, denunció el TCu marcando un criterio al que la administración pretende ceñirse más escrupulosamente.