La Policía Nacional ha detenido a 129 personas tras desarticular un entramado diseñado presuntamente por una abogada para obtener permisos de residencia para extranjeros en situación irregular -marroquíes y argelinos fundamentalmente– mediante la celebración de matrimonios de conveniencia, concertados principalmente en Santa Pola (Alicante, España) y por los que los contrayentes pagaban hasta 10.000 euros.
La finalidad de la trama era conseguir, mediante la celebración de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros no comunitarios, la obtención de permisos de residencia de familiar comunitario para estos extranjeros en situación irregular, principalmente originarios de Marruecos y Argelia, a cambio de grandes cantidades de dinero.
La Policía ha informado este miércoles en un comunicado de esta operación, que acaba de culminar tras tres años de investigación y en la que, además, se han detectado hasta "72 matrimonios presuntamente de complacencia, que dieron lugar a 51 permisos de residencia de familiar comunitario supuestamente ilegales de los que se ha solicitado su extinción" a la autoridad judicial.
Se cree que la organización llevaba operando desde 2017 en las provincias de Alicante y Murcia, y su desarticulación se ha realizado en el marco de la operación Polasanta, iniciada en marzo de 2019.
La supuesta 'cerebro' es una abogada afincada en Alicante
La supuesta 'cerebro' es una abogada afincada en Elche (Alicante), quien supuestamente instruía meticulosamente a los contrayentes para las entrevistas matrimoniales y que figura entre los detenidos.
A través de su gestoría, según han indicado las mismas fuentes, había diseñado presuntamente un complejo entramado criminal en el que participaban distintas personas con funciones diferenciadas y, sin embargo, perfectamente coordinadas.
Las personas que colaboraban con esa abogada desempeñaban distintas funciones dentro de la organización. Unos hacían labores de captación de contrayentes buscando, por un lado, interesados en regularizar su situación ilegal en España a cambio de pagar una cuantiosa suma de dinero que podría llegar a alcanzar hasta los 10.000 euros y, por otro lado, una pareja de origen español elegida para cada una de estas personas.
A su vez, los intermediarios y los catalogados por los investigadores como "empadronadores" proporcionaban, mediante documentación falsa, la cobertura legal para que se pudiera llevar a cabo la tramitación del matrimonio.
Encargados de confeccionar falsos empadronamientos
Este apelativo de "empadronadores" se ajustaba a su principal función que estaba encaminada a confeccionar falsos empadronamientos para ellos. Una veces esos documentos eran íntegramente falsos y otras se habrían realizado con el consentimiento de los legítimos propietarios de las viviendas utilizadas para este fin a cambio de dinero.
Incluso, en ocasiones, el entramado falsificaban contratos de arrendamiento, así como autorizaciones de empadronamiento si fuera necesario, siempre en Santa Pola, en cuyo Juzgado de Paz se celebraría finalmente el ficticio enlace, para lo cual la trama contaba con la participación de dos inmobiliarias de esta localidad costera alicantina.
Instruía meticulosamente a los contrayentes y testigos
Finalmente, mediante la colaboración de "falsos testigos" como último escalón de participantes en el plan, la propia letrada instruía meticulosamente a los contrayentes y testigos en las distintas fases de todo el proceso, preparándoles sobre la versión que debían sostener para burlar a las diferentes administraciones, advirtiéndoles de que debían crear una versión de su supuesta relación afectiva para que no fuera detectado el fraude en las entrevistas matrimoniales.
Los 129 arrestados -66 hombres y 63 mujeres- son de nacionalidades predominantemente española, marroquí y argelina (también hay varios originarios de Irán, Argentina y Bangladesh), tiene entre 23 y 71 años, y están acusados de los presuntos delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, falso testimonio y pertenencia a grupo criminal.
En los registros, los agentes han intervenido, entre la numerosa documentación presuntamente fraudulenta hallada, contratos de arrendamiento, autorizaciones de empadronamiento y los 51 permisos de residencia de familiar comunitario.
