La transformada valla con la que el Ministerio de Interior pretende maquillar la política de fronteras ejercida en Ceuta avanza poco a poco. A unos tiempos más lentos que los anunciados en su día por el ministro Fernando Grande-Marlaska, pero conforme al proyecto que resultó favorable entre la suerte de ideas que fueron barajadas por el Gobierno de España. La mezcla de una mayor altura, peines invertidos, placas metálicas, mallas y cilindros sustituye a las concertinas que todavía no se han retirado del todo, desde que comenzó a ejecutarse la orden hace casi un año.
Mientras los operarios de Tragsa continúan con esa función, de manera paralela se avanza en la colocación de los nuevos modelos de vallado a la altura de Finca Berrocal, midiendo con cuidado un terreno demasiado castigado en el que la amenaza de derrumbes en las partes que tienen un basado más erosionado es una constante.
El proyecto de impermeabilización de la valla que separa Ceuta de Marruecos pretende visualizar un respeto a los derechos humanos, alejado de esos “medios cruentos” que representaban las concertinas, causantes de muertes y del marcado en la piel de cientos de inmigrantes que optaron por buscar la entrada en Ceuta de esta manera, sorteando alguno de los puntos de los más de 8 kilómetros de línea perimetral.
El ‘trabajo sucio’ lo está ejerciendo Marruecos con el respaldo económico de la Unión Europea que busca a la desesperada blindar la frontera sur sosteniendo la responsabilidad en el otro, en este caso en Marruecos.
Y es así como se están financiando las labores de construcción de nuevos vallados, de apertura de zanjas, de colocación de concertinas y de establecimiento de campamentos fijos cada vez más parecidos a los puntos de vigilancia de la Guardia Civil.
El objetivo es blindar al límite una valla cuya última entrada masiva se produjo hace un año a través del paso de Beliones, dejando con posterioridad solo pequeños intentos.
El proyecto supone una inversión de 18 millones para Ceuta y Melilla. Un gasto solo centrado en la acción en el vallado pero que se enmarca en una política inversora mayor, de hasta 32,7 millones, que contempla la colocación de cámaras, de controladores térmicos, de acción específica en la frontera del Tarajal y de los sistemas de reconocimiento facial además de las cabinas independientes de tránsito de personas.
Todo esto se produce cuando, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Interior, se vive uno de los periodos de menor presión migratoria en el vallado, desviándose la práctica totalidad de los intentos de entrada por la vía marítima, más peligrosa.
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