La ex consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta, Yolanda Bel, y la secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, han declarado esta semana en sede judicial en el marco de las diligencias que se instruyen por la gestión de vehículos en el depósito judicial y en concreto por las autorizaciones expedidas para el traslado y destrucción de automóviles.
Según han informado fuentes conocedoras del contenido de sus declaraciones, ambas han explicado que iniciaron un expediente administrativo para destruir unos vehículos del depósito de Benzú y que lo hicieron porque sabían que había “problemas”.
Según la versión de ambas, en calidad de investigadas por un presunto delito de prevaricación, las actuaciones de la Administración local se pusieron en marcha con un oficio del presunto jefe de la Gerencia del Ministerio de Justicia en la ciudad “diciendo que esos vehículos no estaban sujetos a procedimiento judicial alguno”, por lo que se limitaron a “aplicar la normativa general y autorizar la destrucción”.
La Guardia Civil explotó la causa en octubre con la detención en Sevilla de ese funcionario, O.M., que permaneció en prisión provisional hasta finales de enero. Se trata de esclarecer si, como apuntan “las declaraciones de un coinvestigado, testigos y a la documentación aportada por la Guardia Civil”, el referido funcionario recibió “en dos ocasiones” 3.000 euros desde una de las empresas depositarias de los automóviles y si lo repartió con otros.
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