El anuncio oficial, conocido ayer, de la visita de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a Ceuta es importante. Al menos, para mí, es una de las noticias del día porque de ella espero mucho. Sí, soy de esas que aún tengo confianza en las instituciones, en que la presión que pueda hacer esta mujer sirva para mejorar determinadas situaciones problemáticas que se dan en Ceuta en el ámbito migratorio.
Y una de esas situaciones la estamos viendo a diario en la plaza de los Reyes.
Cada uno puede optar por la postura que crea conveniente. Los hay que se dedicarán a poner de vuelta y media a los sirios y decir eso de ‘pues yo también me voy a ir de acampada’; los habrá que pondrán de manifiesto eso de que ‘no les falta de nada en el CETI... no sé por qué están ahí’... Cada uno puede sacar su conclusión sobre el porqué de esta protesta que a punto está de cumplir 40 días. La Defensora del Pueblo también tiene el derecho y la obligación de hacerlo. Becerril, de la que no sabemos cuál será su agenda, debería visitar el asentamiento sirio de la plaza de los Reyes. Debería detenerse al lado del campamento y escuchar lo que estos huidos de una guerra dicen para concluir sobre qué asuntos tienen razón y sobre qué otros no. Porque en algunos de sus planteamientos los sirios se equivocan, pero no en todos.
Ceuta, ciudad frontera, se lanza a pedir fondos económicos para soportar la presión fronteriza. Y lo hace con fundamento, porque es obligación de Europa atender la frontera sur, ese punto perdido que somos nosotros. Pero de igual manera se tiene que habilitar los mecanismos adecuados para que, con los medios de que se dispone, se garantice una mínima privacidad a las familias de inmigrantes y se vele por el interés de los niños. Y eso, según denuncian los propios sirios, no se cumple en el CETI. Y no mienten, se lo pueden explicar a la Defensora del Pueblo y hasta mostrar en fotografías. Eso si Becerril accede a conocer la realidad de la ciudad en todos sus ámbitos y no solo la realidad que se le quiera ‘mostrar-preparar’.
La Defensora del Pueblo está, como institución, obligada a seguir manteniendo ese espíritu de cierta independencia y pulso a la administración. Muchos españoles confían en ello. Las agencias oficiales, de cumplirse, determinarán lo que la máxima responsable quiere saber.
