Tras las desafortunadas declaraciones de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, han surgido otras voces autorizadas, como la de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que también ha opinado sobre el empleo de pelotas de goma por parte de la Guardia Civil. Lo ha hecho en otra línea bien distinta a la de la comisaria europea al indicar que si bien dicho empleo “no fue prudente”, la actuación de los efectivos de la Benemérita “fue legal”. Becerril hizo ayer estas valoraciones sin pretender sacar conclusiones sobre los sucesos acontecidos, sabedora como es de que hay un proceso judicial abierto que debe respetarse. Por eso no incurrió en el error de vincular el fallecimiento de los 15 subsaharianos con la actuación de la Benemérita como, en cambio, sí ha hecho la UE.
Para Becerril “no fue prudente”, aunque sí legal, y lo asevera tras recibir la documentación que, sobre la tragedia, había requerido a la Delegación del Gobierno en Ceuta y releer el informe relativo a la actuación de las fuerzas policiales.
Según afirmó ayer en declaraciones recogidas por las agencias de información, “la actuación de las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil se ha hecho utilizando procedimientos, métodos y elementos habituales autorizados”, sin embargo, “las circunstancias en las que se utilizaron estos medios, entre otros las bolas de goma no ha sido prudente”.
“Del informe se desprende que se ha actuado de acuerdo a la legalidad y la reflexión que yo hago es que la prudencia hubiera aconsejado la no utilización de estos medios”, ha dicho la Defensora, quien se ha resistido a ofrecer una opinión más en profundidad porque el asunto está en manos del juzgado.
Y es que en el número 6 continúa la detallada instrucción de este caso, por lo que publicitar cualquier conclusión al respeto no solo sería errático sino una temeridad, porque ni tan siquiera la autoridad judicial ha hablado.
Becerril ha declinado pronunciarse sobre la existencia o no de responsabilidades en la decisión de utilizar esos materiales antidisturbios. “Nosotros vemos si se ha actuado conforme a la legalidad o no y yo subrayo la palabra prudencia. Lo ocurrido y sus consecuencias, que son muy dramáticas, serán analizadas y si hubiera responsabilidades, lo dirá un tribunal”, sentenció.
Con todo, ha recordado que la institución que representa lleva “solicitando desde 2006 un protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad” que delimite “qué se puede hacer, cómo y en qué circunstancias” ante el intento de entrada irregular de inmigrantes en España. Protocolo que nunca le fue entregado.
Asimismo, ha destacado que la Unión Europea “debe conocer la situación de las fronteras” españolas, y que su comisaria de Interior, Cecilia Malmström, debería “visitar en persona” los perímetros de Ceuta y Melilla. “España no puede abordar sola esta cuestión, necesita apoyo de la Unión Europea y no sólo económico”, ha apuntado.
En cuanto a las devoluciones en caliente, la Defensora se ha mostrado partidaria de reformar la Ley de Extranjería para adaptarla a las “circunstancias actuales” de la inmigración, pero no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que se emprenda la reforma para legalizar la expulsión sobre la marcha de los inmigrantes interceptados tras entrar en Ceuta y Melilla de forma irregular. Según ha dicho, hoy por hoy esta práctica no se ajusta a la ley y su institución “pide siempre actuaciones acorde con la legalidad vigente”.
Se trata de un tema “de preocupación” para el Defensor del Pueblo desde hace una década, tiempo en el que viene recordando a las administraciones competentes la necesidad de cumplir tanto la legislación de extranjería como la Convención de Ginebra sobre los Refugiados frente a esta práctica que impide “identificar y proteger a aquellas personas especialmente vulnerables”.
Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil contestó este año a los requerimientos de la Alta Institución que “considera que su actuación es correcta, atendiendo a los convenios suscritos con Marruecos” y el Cuerpo Nacional de Policía aseguró que sus funcionarios cumplen la Ley de Extranjería en las ciudades autónomas.
