El BOE publicó este miércoles el nuevo decreto ómnibus que incluye un nuevo sistema de avales públicos para inquilinos y propietarios, gestionados por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla con financiación finalista por parte del Estado.
El aval garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades adeudadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad, y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan
El Gobierno ha aprobado esta nueva línea de avales estatales para cubrir impagos en el alquiler incluida en el nuevo decreto 'ómnibus'. El acceso a estos avales estará limitado a propietarios cuyas viviendas no superen el precio fijado por el índice estatal del alquiler, que está pendiente de definir, y establece un tope máximo en zonas declaradas tensionadas.
En concreto, el Gobierno y Junts han acordado mantener parte de las medidas del decreto-ley, como la iniciativa antidesahucios, que fue rechazada en el Congreso la semana pasada pero se volverá a someter a votación con el respaldo de Junts y del PP.
En el caso de los inquilinos, la medida se destina a los menores de 35 años o a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, los solicitantes deberán cumplir uno de estos dos requisitos tanto en el momento de suscripción del contrato de arrendamiento como del documento de compromiso del aval.
Los caseros que pongan una vivienda en alquiler y que quieran optar por esta garantía pública en caso de daños en el inmueble o de morosidad, deberán mantener un precio de alquiler que no supere el índice estatal de referencia de precios, un indicador aprobado recientemente para controlar el precio en zonas tensionadas, que está aún por definir.
La línea de avales estará gestionada por las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con financiación finalista por parte del Estado. En cuanto a la cuantía, el proyecto sigue pendiente de aclaración.
La solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, ya sea mediante resolución judicial de lanzamiento o acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión, según recoge el BOE.
El reglamento será aprobado en un plazo máximo de 6 meses desde la publicación de esta norma y será de aplicación respecto a los contratos vigentes a la entrada en vigor del nuevo real decreto-ley.
Asimismo, el Gobierno no descarta que se incorporen otros colectivos como beneficiarios potenciales de esta línea de avales una vez se desarrolle el reglamento que regule la medida.
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