Las autoridades de Rincón han iniciado esta semana los procedimientos legales para ejecutar la demolición de villas de lujo en la región de Tánger, Tetuán y Alhucemas pertenecientes a un conocido millonario de la zona.
La medida responde a la detección de infracciones urbanísticas, irregularidades en los permisos de construcción y sospechas de apropiación indebida de tierras colectivas y bienes de Aguas y Bosques, según han informado fuentes locales a El Akhbar.
Algunas fuentes señalan que la decisión inicial podría afectar únicamente a una villa situada en las afueras de Castillejos, mientras que en la zona de Haidra circula la versión de que todas las villas del millonario podrían estar en la lista de demolición.
Paralelamente, se ha iniciado la preparación de una petición y carta dirigida al ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, solicitando aclaraciones sobre el estado de las tierras colectivas implicadas.
Los informantes han subrayado que las órdenes de demolición deben mantenerse al margen de cualquier uso electoral o maniobra política.
Además, se detectaron intentos de algunos actores de presionar a las autoridades provinciales para acelerar decisiones y amenazas de presentar denuncias ante el Ministerio del Interior, así como sospechas sobre la implicación de personas cercanas a cargos electos en el proceso.
Los servicios del Ministerio del Interior en la región continúan elaborando informes detallados sobre villas que podrían infringir la ley, incluyendo construcciones sobre dominio marítimo, tierras colectivas o bienes de Aguas y Bosques.
Una villa ya ha sido demolida en la prefectura de Rincón tras una sentencia judicial, aunque los afectados han negado que la construcción haya ocupado tierras colectivas.
Diversos actores sociales y políticos han pedido que se aclaren todos los informes relacionados con la demolición de villas lujosas, así como la situación de edificaciones sobre dominio marítimo y tierras colectivas, y que se haga un seguimiento transparente de los procedimientos por parte de la fiscalía.
También han reclamado que se ejecuten las sentencias acumuladas sin distinción ni selectividad, garantizando que todas las irregularidades detectadas sean tratadas con igualdad ante la ley.
La controversia generada por estas villas de lujo refleja la preocupación sobre el uso adecuado de las tierras y bienes públicos y la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión urbanística y administrativa.
Las autoridades provinciales han reiterado que las decisiones de demolición se basan en informes técnicos y sentencias judiciales, y que continuarán con las investigaciones y procedimientos hasta esclarecer completamente todas las irregularidades detectadas.
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