Los consejeros de Hacienda de las autonomías de Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Ceuta, todas gobernadas por el Partido Popular, han enviado este miércoles una carta al Ministerio de Hacienda para reclamar financiación sin condiciones y que los gastos por el coronavirus no computen a efectos de déficit.
La misiva, fechada a 14 de abril, recoge una propuesta para la creación de "un fondo extraordinario no reembolsable" y reclaman a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la convocatoria "inmediata" del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Quieren que el Consejo cree y reparta el mencionado fondo no reembolsable y "suspender la liquidación del año 2020 del Sistema de Financiación Autonómica", así como que ese "apoyo extra" solo tenga como condición que se dedique "en exclusiva a la lucha contra la pandemia y sus efectos".
Piden además que los fondos europeos lleguen "cuanto antes" a las autonomías para certificar este año "gastos de personal y material sanitario para paliar los efectos de la pandemia".
En este sentido indican que la suspensión temporal de los objetivos europeos de déficit "debe extenderse, como no puede ser de otra forma, a las comunidades autónomas, de modo que puedan contabilizar este gasto extra al margen de sus presupuestos ordinarios de 2020".
Abogan por "movilizar de manera coordinada todos los ahorros públicos acumulados por las administraciones, especialmente en el ámbito local" para volver después de esta pandemia "al rigor presupuestario y la sostenibilidad financiera".
Y reclaman las cantidades pendientes de abonar de la no devolución de la liquidación de IVA de diciembre de 2017 y de los fondos destinados a políticas activas de empleo.
Medidas desde Europa
Una de las peticiones de las comunidades gobernadas por el PP señala directamente a los fondos europeos aprobados el pasado 9 de abril por valor de algo más de 500.000 millones de euros. El acuerdo contempla un paquete de medidas a corto plazo basado en tres pilares: una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate, con 240.000 millones de euros en préstamos; un fondo del Banco Europeo de Inversiones con hasta 200.000 millones en créditos para empresas y un fondo temporal contra el paro con 100.000 millones.
El último escollo que impedía encontrar un acuerdo eran las condiciones para acceder a los créditos del MEDE, ya que Holanda seguía reclamando que se impusiesen a los beneficiarios condiciones macroeconómicas, como reformas estructurales.
Esto constituía una línea roja para España e Italia, si bien el resto de países coincidían con ellas en que no tenía sentido imponer condiciones como las de los rescates financieros al tratarse de una crisis de la que ningún Estado es responsable.
Finalmente el acuerdo fija como condiciones para acceder a la línea -que podrá prestar a cada país hasta el 2 % de su PIB- que los fondos se destinen a gastos sanitarios, directos o indirectos, por el coronavirus, y que los países refuercen después su economía, cumpliendo con las normas fiscales comunitarias.
