El número de alumnos y alumnas que comparten aula atendidas por un profesor, conocido habitualmente como “la ratio”, constituye un elemento clave, acaso esencial, de un sistema educativo. Es prácticamente un axioma en el ámbito de la pedagogía que existe una proporción inversa entre el número de alumnos y alumnas por grupo y la calidad de la enseñanza impartida. Una ratio elevada es una de las causas más claras y significativas del fracaso escolar. Si a esta sempiterna obviedad añadimos la importancia creciente que está adquiriendo el cambio metodológico en la dirección de imprimir un carácter más práctico e interactivo a los procesos de aprendizaje; y, sobre todo, la fuerte irrupción de la atención a la diversidad como eje transversal del sistema (reconocido de manera unánime); llegaremos fácilmente a la conclusión de que la relación entre ratio y calidad (y éxito escolar) es concluyente.
Este hecho explica que la ratio esté determinada por ley. Así sucede en España. En la actualidad los grupos de infantil y primaria no pueden superar las veinticinco alumnas, los de secundaria los treinta y los de bachillerato las treintaicinco. Esta limitación no encuentra su fundamento en criterios educativos sino presupuestarios. De hecho, la ratio media de los países de nuestro entorno es aproximadamente un veinte por ciento inferior a la nuestra. España, que es un país que cree poco (o muy poco) en la educación, considera que no tiene capacidad económica suficiente para mantener un sistema educativo en unos parámetros de calidad homologables con los países de niveles de desarrollo similares. No se quiere invertir en educación porque en la jerarquía de prioridades, la docencia ocupa un lugar muy remoto. Por este motivo estas bochornosas ratios perduran durante décadas. Ni siquiera este Gobierno, autoproclamado “el más progresista de la historia”, ha querido abordar esta cuestión (el Decreto sobre requisitos mínimos de los centros que se está tramitando actualmente mantiene las ratios inalteradas, a pesar de la presión ejercida por los sindicatos, en especial por CCOO).
En la actualidad los grupos de infantil y primaria no pueden superar las veinticinco alumnas, los de secundaria los treinta y los de bachillerato las treintaicinco. Esta limitación no encuentra su fundamento en criterios educativos sino presupuestarios
Por otro lado, y para comprender bien este laberinto, es necesario poner de manifiesto la condición tramposa de toda la legislación educativa de nuestro país. Todas las normas en las que figura alguna obligación de la administración están plagadas de estratégicos salvoconductos terminológicos que facilitan su impune cumplimiento. Todas las obligaciones del ministerio quedan siempre dispensadas con matizaciones tales como “preferentemente”, “de manera ordinaria”, “salvo que”, y así, toda una espectacular gama de ingeniosas expresiones que terminan eximiendo de sus responsabilidades a las autoridades educativas. De hecho, y en el caso que nos ocupa, la aplicación de la literalidad de la norma convierte en legales aulas extremadamente masificadas. Cuando se exige que se reduzcan las ratios por ley para evitar ambigüedades diabólicamente calculadas, el Ministerio contesta que las ratios establecidas son las máximas; pero que nada impide que, en la práctica, puedan ser mucho menores (dependiendo de lo que quiera hacer cada Comunidad Autónoma). Dicho de una manera muy sencilla, el Ministerio siempre lleva la razón (legal), mientras el profesorado tiene que hacer frente a grupos masivos que dificultan enormemente su labor, y los alumnos y alumnas (de manera más lamentable aquellos que tienen necesidades especiales o específicas), sufren una considerable merma en la calidad de la enseñanza a la que tienen derecho.
La aplicación de la literalidad de la norma convierte en legales aulas extremadamente masificadas
La continua utilización de esta dialéctica de la ambigüedad administrativa, ha ido acuñando un discurso tan falaz como perverso. Fijémonos en el caso de Ceuta (único territorio junto con Melilla y el Exterior gestionado directamente por el MEFP). El MEFP se jacta de “cumplir la legalidad en cuanto a la ratio” (han borrado de la ecuación el “como máximo”). Y lleva razón (es cierto que aún hay varios grupos que están por encima del tope máximo, pero en líneas generales, está respetado). Se traslada la idea de que estar “dentro de la ley” es más que suficiente. Se identifican de manera subliminal los términos legal y óptimo. Pero diseccionemos esta afirmación. Las ratios máximas definen el peor de los escenarios posibles (a partir de ahí estamos fuera de la ley). Quiere eso decir que el sistema educativo en Ceuta está (lleva años) en la peores de las situaciones legalmente imaginables. Y lo curioso es que el Ministerio pretende que esto se considere como un éxito. Si, además, estos datos los ponemos en consonancia con el principio efectivo de atención a la diversidad, el balance es desolador. En la Ciudad con el índice más alto de fracaso escolar, y con una mayor proporción de alumnos con necesidades especiales (y específicas), estamos castigados con la ratio más alta de las que admite nuestra legislación (y que supera ampliamente la de los países europeos avanzados). Pero el Ministerio nos exige que seamos felices y no protestemos. Al fin y al cabo… se cumple la ley. ¡Qué más queremos!