La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha pronunciado tras la apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla con el vecino país de Marruecos indicando que se entiende "que esta medida repercutirá positivamente a nivel social y económico en ambas ciudades" pero que, sin embargo, "el Ministerio del Interior debe de dar unas garantías necesarias para los guardias civiles" que prestan servicio tanto en Ceuta como en Melilla. Hablan, en esa línea, de aumentar el número de agentes en los perímetros fronterizos, dotar de medios para el control de la inmigración irregular y ampliar, "tal y como se comprometió y no ejecutó", los espigones de Benzú y del Tarajal.
La organización de guardias Civiles también denuncia que es necesario que el Ministerio del Interior refuerce la plantilla de agentes y que haya una dotación suficiente de recursos materiales. "Para afrontar el día a día, la inestabilidad migratoria de Ceuta y Melilla y las crisis gubernamentales con Marruecos debe haber un mayor despliegue de efectivos. Recordamos que justo hace un año que el Ejército tuvo que trabajar por frenar la avalancha de personas magrebíes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera a través de Ceuta. La escasez de agentes no ayudó y no pudieron contener a los migrantes ante la pasividad de las fuerzas marroquíes", afirman a través de una nota de prensa.
En su opinión la reapertura se ha realizado de forma precipitada y sin pensar en los agentes. "Debido a la inacción de Interior, no hay garantías para el servicio que realizan los compañeros desplegados en las fronteras. Los pasos fronterizos han permanecido cerrados durante más de dos años, pero continúan los mismos problemas. Ni agentes suficientes ni material", reiteran.
Por ello, una vez más, inciden en la necesidad de más efectivos y más inversión en medios técnicos modernos, eficaces y humanitarios que sean lo menos lesivos posible. "En cada crisis migratoria no puede quedar en riesgo la vida de los migrantes y de los agentes", se afirma. Además, exigen desde AUGC, "la Administración tiene que dotar a las instalaciones fronterizas de cámaras de infrarrojos, medidas disuasorias y se tiene que proceder a la reapertura de instalaciones oficiales, como puede ser la de Fuerte del Príncipe".
En otro sentido también se habla de la necesidad de "instrucciones claras y detalladas" por parte del Ministerio sobre "la forma de proceder a la hora de llevar a cabo el rechazo en frontera, pues persiste la inseguridad jurídica ante la falta de un protocolo de actuación en perímetros fronterizos".
Los derechos humanos de las personas migrantes tienen que quedar garantizados, también la seguridad de los agentes y el servicio que prestan, dicen en la parte final de su comunicado.
