La polémica llegó a la Asamblea a raíz de la propuesta elevada al pleno por el grupo parlamentario Vox, que a través de su portavoz solicitó una auditoría externa total de la gestión llevada a cabo en la Ciudad desde el 2013 hasta la fecha.
Vox argumentaba su petición bajos los distintos “casos de corrupción” que se han suscitado en el seno del PP, citando como referencias el de Mahersa, la feria de día o el de Emvicesa. Aún reconocido que esta propuesta derivaba en un gasto para la ciudad, Verdejo aseguró que mejoraría la gestión futura de la Administración y evitaría futuros casos de corrupción.
Tanto PSOE como el MDyC apoyaron en sus turnos de intervención esta propuesta, recordando que ambos llevaban en sus promesas de campaña este ejercicio de control sobre la gestión local.
La polémica saltó cuando el líder de Caballas tomó la palabra y señaló, en primer lugar, a Vox de estar cuestionando el trabajo que ya realizan los órganos de la casa como Intervención, tesorería o bien, el Tribunal de Cuentas, encargados todos ellos de controlar a la función pública.
Asimismo, opinó que se trataría de un gasto desorbitado, ya que incluiría siete años de ejercicio, encargados a una empresa externa privada. Puntualizó que todas las sociedades municipales son auditadas por este tipo de empresas externas, y nunca se han detectado irregularidades, mientras que los órganos locales público sí han denunciado malas prácticas, como así ocurrió en el citado caso de Emvicesa. “A mi me han llamado a declarar en la oposición, ¿ojo!”, clamaba Mohamed Ali.
“Mi voto es irrelevante, pero no me parece justo”, hizo referencia el de Caballas a la situación en la que quedarían los órganos locales de control.
El portavoz de la bancada popular, Carlos Rontomé, solapó lo ya expuesto por el líder de Caballas, asumiendo el gasto que supondría una auditoría tal y como la plantea Vox y recordando que este tipo de ejercicios no son para detectar casos de corrupción a futuro, sino para auditar lo que ya ha pasado.
“Son sospechas fundadas que no se reflejan en la exposición de motivos”, matizó Rontomé. Recordó que una auditoría no detectó lo que pueda pasar a futuro. Además del coste, incidió en que una auditoría de tal volumen paralizaría el funcionamiento de la Administración.
Fue en la respuesta del portavoz de Vox, Carlos Verdejo, lo que inició la discusión en la que finalmente intervino Vivas. Verdejo le espetó que “no es el portavoz de los funcionarios” y despertó la respuesta fuera de micrófono de Ali y la recriminación del de Vox asegurando que este comportamiento, los gritos, “son indignos de esta institución”.
Verdejo siguió defendiendo que si hay una partida de 8 millones de euros para la Gran Vía, la puede haber para una auditoría de esta índole. Agradeciendo a su vez el apoyo de PSOE y MDyC con el que saldría adelante esta propuesta.
Por alusiones, Caballas pidió que se precisara, tal y como se acidó en al Junta de Portavoces, que si esta propuesta tiene un coste económico, para su aprobación debía conocerse y justificarse tal cantidad en una Comisión Informativa.
Ante esta precisión, Vivas matizó que esta propuesta, que con toda seguridad iba a salir adelante, era “imprecisa”, aclarando a Vox que no lo decía desde una plano descalificativo, sino que era necesario explicar la metodología, en qué ámbitos se quería hacer, la parte a fiscalizar y un sinfín más de precisiones que tendría que aportar.
Esta aprobación por tanto, a juicio del presidente de la Asamblea, constataría que se hará una auditoria, pero antes habría que puntualizar cómo, de qué y cuánto costaría, para poder lanzar así una licitación pública con un pliego condiciones para ejecutarla.
Vox, por alusiones, quiso corregir al presidente asegurando que no era un propuesta “imprecisa”, sino “abierta”, a lo que Vivas contestó que “cuando las cosas están muy abiertas, existe la posibilidad de que no se puedan cerrar y caigan en el ámbito de lo insensato”.
Finalmente, tras la votación, la propuesta salió adelante con 15 votos de PSOE, Vox y MDyC, y los negativos de PP y Caballas.
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