La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado por escrito al Ministerio de Defensa la realización de una auditoría externa e independiente en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el Polvorín de El Renegado, en Ceuta, así como en todas las bases, acuartelamientos y establecimientos de las Fuerzas Armadas.
La entidad ha tomado esta decisión después de haber recibido en los últimos meses "un volumen creciente" de comunicaciones que describen situaciones que, "de confirmarse, comprometerían la seguridad, la salud y la dignidad profesional" del personal militar.
ATME expone que estas quejas, procedentes de unidades de todo el territorio nacional, revelan deficiencias persistentes tanto en zonas de vida y trabajo, donde la entidad ha detectado "problemas estructurales, humedades, instalaciones eléctricas deterioradas, mobiliario en mal estado y ausencia de mantenimiento básico".
A ello suma la asociación "incidencias reiteradas en sistemas esenciales de suministro, como cortes de agua, fallos en la calefacción, averías prolongadas" en calderas o "interrupciones" eléctricas que afectan directamente al desempeño de las funciones asignadas.
La asociación recuerda que estas situaciones "no son casos aislados", sino que se han documentado en numerosas unidades, entre ellas el REW 31 en El Pardo (Madrid), la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid), la Academia de Infantería (Toledo), el Polvorín El Renegado (Ceuta), el Destacamento de Seguridad de Montaña Negra, Castellón, la Base El Goloso (Madrid) y la Base de Almagro Coronel Sánchez Bilbao (Ciudad Real).
Completan el listado el Arsenal de Cartagena (Murcia), el Acuartelamiento de Los Rodeos (Tenerife) la Escuela Infantil Santa Teresa en Villaverde (Madrid), la Base de Cerro Muriano (Cordoba) o el Acuartelamiento Puerto del Rosario (Fuerteventura), donde se han reportado desde alojamientos improvisados en naves "no diseñadas para uso residencial hasta cortes de agua, fallos eléctricos, humedades severas, goteras, duchas deterioradas, ventanas rotas, ausencia de calefacción o instalaciones deportivas con goteras", enumera la entidad.
ATME subraya que muchas de estas incidencias afectan a personal de nueva incorporación, que carece de ayudas a la vivienda y que, en algunos casos, se ve obligado a alojarse en espacios que "no cumplen los estándares mínimos de habitabilidad".
Asimismo, la asociación advierte de que la "reiteración" de estos problemas sugiere la existencia de "fallos en los sistemas de supervisión, mantenimiento y control técnico", lo que hace imprescindible una evaluación global y homogénea.
Por todo ello, ATME considera que únicamente una auditoría externa realizada por una entidad acreditada, con criterios técnicos independientes y conforme a la normativa vigente, permitirá obtener un diagnóstico realista del estado de las instalaciones, identificar riesgos "no detectados" y priorizar las actuaciones necesarias para garantizar condiciones dignas y seguras para el personal militar.
La asociación solicita además que el informe final sea puesto en conocimiento de las asociaciones profesionales, a fin de asegurar un seguimiento adecuado y transparente del proceso.
Con esta iniciativa, ATME reafirma su compromiso con la defensa de los derechos, la seguridad y la dignidad de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, recordando que el factor humano constituye el principal recurso de la institución y que, en consecuencia, las condiciones de vida y trabajo deben estar a la altura del servicio que estos profesionales prestan a la sociedad.
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