El Gobierno de España se ha comprometido a seguir prestando “especial atención” cuando termine el actual programa operativo de fondos europeos 2014-2020 tanto a “las regiones insulares no ultraperiféricas” como a “los territorios con características especiales como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en las cuales existen de igual forma obstáculos de carácter permanente que lastran su desarrollo como el aislamiento, el tamaño reducido y la vulnerabilidad”.
Así se recoge en la nota de posición que recoge la postura común respecto a la Política de Cohesión de cara al post 2020 del conjunto de Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, cuya finalidad es “contribuir a enriquecer el debate sobre el futuro período de programación y a perfeccionar una de las políticas más relevantes de la Unión, de mayor valor añadido europeo y más visible para la ciudadanía”.
Las Administraciones españolas consideran que los recursos presupuestarios de la Política de Cohesión “no deben sacrificarse ante la previsible complejidad de las negociaciones del post 2020” en atención a “la envergadura de los retos a los que se enfrenta la cohesión económica, social y territorial en Europa”.
“Es esencial”, considera la posición española, “que en el próximo período, como mínimo, los recursos presupuestarios se mantengan en su nivel actual y, si es posible, se incrementen, para no poner en peligro el avance del desarrollo regional y local teniendo en cuenta las implicaciones del ‘Brexit’ y limitando los efectos adversos que podría generar sobre su dotación”.
Solamente así la Política de Cohesión continuará siendo “un instrumento contra-cíclico, con capacidad de mantener los objetivos del Tratado en momentos críticos como los acaecidos en los últimos años”.
El documento plasma el compromiso de prestar “atención especial a las regiones a las que se refiere el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la UE; en particular a las que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como las regiones insulares, transfronterizas y de montaña”.
España también opina que el menú de ‘Objetivos Temáticos’ establecido para la Política de Cohesión debería incluir “un enfoque territorial más relevante que permitiera tener en cuenta de forma adecuada la casuística o potencialidad de cada región en cada política” y que los territorios puedan llevar a cabo un ejercicio “para, desde su madurez y su responsabilidad en el desarrollo de competencias clave, poder elegir con una flexibilidad adecuada y suficiente, las asignaciones financieras”.
Igualmente se reivindican medidas para “evitar reducciones abruptas en la financiación por efectos estadísticos”.
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