Varias asociaciones piden cerrar las naves del Tarajal y espacios dignos para menores

Las asociaciones Maakum Ceuta, No Name Kitchen y Elin han presentado las conclusiones de un informe en el que se recogen las vulneraciones de derechos de los niños, adolescentes y jóvenes migrantes en Ceuta. Un informe que, tal y como explican las asociaciones, es fruto de “una primera misión exploratoria con el que pretendemos informar, denunciar y poner de relieve situaciones graves que se están viviendo en la ciudad de Ceuta y que, consideramos, no se están dando a conocer ni abordando como se deberían”. Se aborda esta situación derivada de la entrada masiva de muchos niños entre el 17 y 19 de mayo. El documento cuenta con el apoyo de otras asociaciones como PRODEIN, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Solidary Wheels, ExMenas Madrid, Boxeo Social Combativo y Hood Warriors.

Las últimas declaraciones de Mohamed VI en las que aludía a las instrucciones dadas para que los menores volvieran a casa “pueden ser papel mojado”, puesto que “ya existen mecanismos de cooperación que permiten las devoluciones de menores en los casos en los que expresen su voluntad en este sentido y en los últimos años tan solo se han efectuado decenas de estos retornos”. Las oenegés aluden al sentimiento de inquietud que impera entre los menores ante este anuncio y denuncian que nadie se está responsabilizando de las miles de personas que viven en la calle en condiciones infrahumanas. “No se han habilitado recursos específicos para esta situación de emergencia, a pesar de haber espacios disponibles para ello, que están inutilizados. Asimismo, existen recursos y organizaciones preparadas para gestionarlos. Mientras para esta situación no se invierten recursos económicos, vemos cómo el Estado mantiene y moviliza el ejército, con una reserva de tropas que supera los mil efectivos en una ciudad donde no existe ningún equipo preparado para atender emergencias”, denuncian.

En cifras hay 920 menores registrados, pero el anuncio de una posible repatriación hace que algunos de esos niños tengan miedo a ser identificados y llevados a Marruecos. Las oenegés denuncian que ya antes de esta entrada masiva se estaba incurriendo en “un fracaso en materia de protección, acogida y defensa de los derechos de la infancia”, pero ahora al tenerse que abrir nuevos espacios, la situación ha empeorado notablemente. “Durante los meses de confinamiento, se llevaron a cabo prácticas aún más perjudiciales para estos menores. Entre ellas la habilitación de espacios inadecuados e insalubres donde no resultaba posible respetar las medidas de seguridad del Covid-19 debido al hacinamiento y donde se ejercían diferentes tipos de violencias a los niños por parte del personal laboral”, denuncian.

Críticas al hacinamiento en las naves del Tarajal, a la comida y ropa

Ahora con la habilitación de naves tras la entrada masiva, lamentan las imágenes vistas. “En estos días, no fueron pocas las imágenes que nos pusieron los pelos de punta que mostraban cómo centenares de niños pequeños se aglutinaban en patios y cómo las autoridades hacían y deshacían a sus anchas. Tras el desbordamiento y colapso del Sistema de Protección, los cientos de menores quedaron a cargo de la ciudad de Ceuta. Se habilitaron tres naves que limitan con la frontera y tienen una vía de acceso rápida al país vecino –vía no común de entrada y salida y por la que, presuntamente, se han efectuado devoluciones en caliente a menores de edad-. Estas naves están formadas por un único habitáculo cada una, donde todos los menores se encuentran hacinados, una vez más, en condiciones insalubres que vulneran los derechos de los niños”.

El número tan elevado de menores hacinados en dichas naves desborda y colapsa a la fundación que se hace cargo. “Ésta, lejos de apoyarse y crear líneas de trabajo conjunto con otras organizaciones y colectivos, reproduce y fomenta la opacidad en la gestión de las mismas”, denuncian. Los menores han puesto de manifiesto quejas como que “existen aproximadamente cinco baños móviles para cada nave y se encuentran en estado de insalubridad. Además, los niños tienen que pedir permiso para acceder a los mismos y en múltiples ocasiones les es denegado el acceso. Las primeras semanas ni siquiera existían baños habilitados y los menores debían realizar sus necesidades en botellas de plástico”.

A esto se suma que las duchas están en el exterior y se accede a las mismas por turnos, sin agua caliente y con duración de 5 minutos. Los espacios son naves de mercancías no aptas para la convivencia de 400 menores. “Carecen de separaciones, de ventilación, de ventanas, de espacios para el almacenamiento seguro de sus pertenencias, de camas (son tumbonas/literas de lona), de cualquier otro tipo de mobiliario y de iluminación adecuada. Respecto a la alimentación, se les da un desayuno que normalmente consiste en una botella de agua, dos magdalenas y un zumo. La siguiente comida, en ocasiones, no se les otorga hasta las seis de la tarde y después una cena. Desde hace dos semanas ambas comidas consisten en un bocadillo, un zumo y una botella de agua”, critican.

En cuanto a la vestimenta, exponen que no existe un ropero, habiendo casos que no se han cambiado de ropa porque no tenían sin darles alternativa durante una semana. Los menores, apuntan en este informe, “permanecen retenidos las 24 horas del día en dichos espacios, sin permitirles salir ni realizar ningún tipo de actividad que no sea estar en la cama sentados o deambular por el espacio. Las naves no disponen de ventilación ni de ventanas donde pueda entrar la luz del sol. El único momento en el que están al aire libre es para acudir al baño móvil o las duchas. El espacio designado para albergar a los menores no es un lugar ni digno ni adecuado. Es un empobrecimiento total y absoluto de la protección de los mismos que resulta en hacinamiento, insalubridad y mala praxis. Los menores siguen expuestos a una alta vulnerabilidad y riesgo”, añaden.

Críticas a los equipos profesionales, puesta en duda de la minoría de edad y sin control covid

En cuanto a los equipos profesionales que actúan con los menores, se denuncia que aunque los niños declaren su minoría de edad y su voluntad de permanecer en España, la puesta en duda es continua, “llegando incluso a no dejarles acceder a las naves del Tarajal. Se han dado casos de menores que se han presentado voluntariamente allí y se les ha denegado la entrada en base a criterios subjetivos o por tener todas las plazas cubiertas, sin facilitarles ninguna otra alternativa más que la de dejarles en situación de desamparo”, critican.

En el informe se asegura que muchos de estos menores “no tienen información adecuada sobre sus derechos, no se les ha explicado el procedimiento que han de seguir y no tienen información cierta sobre el tiempo que tendrán que pasar en estas circunstancias. La falta de protocolos internos y con el resto de agentes sociales ha hecho que la falta de control total durante los primeros días de emergencia se prolongue en el tiempo, habiendo pasado ya más de dos semanas desde que comenzó esta situación”.

“El lugar y las condiciones no son adecuadas para la convivencia. Derivan en situaciones de violencia, tanto por parte del personal laboral como entre los propios menores. Estas violencias, aparte de la violencia institucional imperante, se traducen en diferentes formas de maltrato y abusos de poder: agresiones físicas y verbales, uso indebido del castigo y otras medidas agresivas de contención así como una constante desatención, intimidación y violencia por parte del personal técnico y de seguridad”, exponen en el informe facilitado a los medios de comunicación.

“Las condiciones de los espacios físicos y de las infraestructuras reúnen todos los puntos para que los menores más vulnerables sean víctimas de agresiones, robos, intimidaciones y/o abusos. El cúmulo de dichas condiciones hace que, a medida que pasen los días, haya más hostilidad, y es un caldo de cultivo para graves conflictos, tanto dentro de estos recursos como fuera de ellos”, añaden las oenegés. “En cuanto a las medidas de seguridad frente al Covid-19, los testimonios afirman que no se están respetando ninguna de estas medidas. A pesar de existir un espacio habilitado para los positivos, no se están cumpliendo con los protocolos de distancia y seguridad establecidos por el Estado, pues el espacio y los recursos empleados son insuficientes y carecen de todo criterio en cuanto a condiciones de higiene y salubridad se refiere”.

Vulneración de los derechos de los menores, casos de niños muy pequeños en la calle

La vulneración de los derechos de estos menores está a la orden del día en base al estudio realizado por estas entidades, que insisten en que el interés superior del niño es el que debe prevalecer ante todo. Pero las críticas no se centran solo en la situación vivida en la nave del Tarajal sino también en la que pesa sobre los menores que están en las calles que no están recibiendo apoyo alguno. “Grupos vecinales, personas individuales, asociaciones independientes y voluntarias, tanto de Ceuta como de otras comunidades se han encargado de hacer el trabajo. Una vez más, el Estado y la Ciudad Autónoma se deshacen de responsabilidades sociales recayendo éstas sobre la sociedad civil”, explican.

¿Cuántos niños están en la calle a fecha de hoy? Ni se sabe, hacer un cálculo preciso resulta complicado ya que se han visto menores escondidos en diferentes lugares de la ciudad, teniendo casi todos edades entre los 16 y 17 años. “Muchos de ellos verbalizan que quieren acceder a un centro de protección pero que su mayor preocupación es, que una vez identificados, sean devueltos al país vecino. Sus miedos son entendibles ya que tenemos la certeza de que tras las entradas a partir del 17 de mayo un gran número de menores de edad fueron devueltos de forma irregular, muchos y muchas en contra de su voluntad y de cualquier tratado internacional”.

En la calle la vulnerabilidad es mayor habiéndose detectado casos de niños de solo 10 años, posibles solicitantes de protección internacional. En este informe se agradece y destaca la labor social que están llevando a cabo muchas familias que se han ofrecido para cuidar a estos menores, cubriendo sus necesidades básicas. Hay casos de menores que han sido acogidos en casas porque quienes los guardan tienen algún tipo de relación con sus familias. Pero esto da pie a un efecto secundario: “Algunas familias acogedoras refieren al miedo a ser criminalizadas y perseguidas por la administración. Aún y convencidas de la necesidad del trabajo humanitario y acogida que realizan, la criminalización de las personas migrantes, tanto a nivel institucional –con un gran despliegue policial y militar en las calles de Ceuta–, como a nivel social –aumento de los discursos de odio y rechazo hacia este colectivo–, hace sentir a las familias que están cometiendo algún acto delictivo, dañino o peligroso, pues el imaginario colectivo les hace creer que están dando cobijo a delincuentes".

Esto pone de manifiesto la “necesidad de hacer un esfuerzo institucional, que no pase por el uso de las fuerzas de seguridad del estado, donde haya un recuento y una identificación de todas aquellas personas menores o que puedan serlo, y que esto permita abrir un hilo al que poder agarrarse ante las posibles violaciones y vulneraciones de sus derechos”.

Problemas detectados y recomendaciones

Las oenegés firmantes ponen de manifiesto la hilera de problemas detectados pero no solo como una mera crítica, sino que aportan unas recomendaciones para ser tenidas en cuenta. Por ejemplo exponen que la respuesta ante la crisis humanitaria es nula produciéndose una clara falta de acceso a la información sobre derechos y deberes de los inmigrantes. No se saben cuántos menores puede haber y se produce una vulneración constante de los derechos que prevalecen sobre ellos.

En los recursos de los que dispone la Ciudad se vulnera el derecho la intimidad y no hay espacios suficientes para tener una vida digna. Tal y como se indica en el informe estas situaciones derivan en empeoramiento de la salud mental y más violencia que pueden sufrir. Visto el panorama, entre las recomendaciones que se ofrecen y propuestas figura la de disponer de un equipo de trabajo multidisciplinar que trabaje de manera urgente con los menores y que se pueda llevar a cabo además un trabajo de calle con todos ellos.

El interés superior del menor es lo más importante, por lo que se recomienda actuar e identificar a los que siguen en la calle, a los que quieren volver a Marruecos garantizando un retorno voluntario y seguro. Reclaman además el cierre de la nave del Tarajal ofreciendo mejores espacios como por ejemplo el centro de San Antonio para inmigrantes o espacios de congregaciones religiosas y de Defensa que no se estén usando.