Las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil, también con representación en Ceuta, han unido sus fuerzas para reclamar al Ministerio del Interior la convocatoria urgente de un Pleno Extraordinario en el Consejo del Cuerpo, tras la publicación del Real Decreto 67/2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este Real Decreto regula la gestión de la incapacidad temporal en la institución. Según las asociaciones (AEGC, AUGC, Independientes de la Guardia Civil, JUCIL, ASESGC, Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional), esta normativa no solo consolida un agravio comparativo frente al resto de funcionarios públicos, sino que también afecta directamente a la salud y economía de los agentes.
Fin de los días de indisposición
El nuevo decreto elimina de facto los cuatro días de indisposición que otros funcionarios, como policías, sanitarios o docentes, pueden disfrutar para recuperarse de dolencias leves sin penalización económica.
Aunque el texto menciona que "se podrán tener en cuenta" hasta cuatro días, la realidad administrativa es distinta: cualquier indisposición supondrá una merma inmediata en la nómina del agente, ya que la Orden General de Incentivos al Rendimiento no ha sido modificada para compensar esta situación.
Los sindicatos recuerdan que, durante los trabajos previos a la normativa, la Administración se comprometió a garantizar que la eliminación de estos días no supusiera una discriminación económica, promesa que a día de hoy no se ha cumplido. "No permitiremos que los guardias civiles sean ciudadanos de segunda", subrayan en su comunicado conjunto.
Caos en la gestión sanitaria
Otro de los puntos críticos señalados por las asociaciones es la imposibilidad de cumplir la norma en unidades sin servicio médico.
Más de 25 comandancias carecen de médicos, lo que deja a los agentes en un limbo jurídico y sanitario ante la obligación de presentar baja desde el primer día.
La falta de recursos y la demora en las licitaciones prometidas por la Administración generan incertidumbre y afectan directamente a la operatividad y calidad del servicio prestado a los ciudadanos.
Unidad de acción y demandas concretas
Ante esta situación, todas las asociaciones profesionales del Consejo de la Guardia Civil han definido dos exigencias claras:
- Transparencia: información detallada y real sobre el despliegue del servicio médico en todas las unidades.
- Protección económica: modificación inmediata de la normativa de incentivos para que los cuatro días de indisposición no conlleven pérdida retributiva.
Los representantes de los guardias insisten en que la vocación de servicio de sus miembros es inquebrantable, pero que esta no puede ser utilizada como excusa para "recortar derechos consolidados". "Cuidar a quien te cuida es la base de la seguridad pública", concluyen en su comunicado.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 67/2026 prevista para el próximo 26 de febrero, el conflicto plantea un escenario de tensión y movilización dentro del Cuerpo, que podría derivar en nuevas acciones de presión si el Ministerio del Interior no atiende las demandas de los agentes.
