Fatima Hamed, portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), ha logrado sacar adelante su propuesta para exigir al Gobierno central el blindaje de las bonificaciones al transporte marítimo para residentes en Ceuta.
La iniciativa fue presentada durante la sesión resolutiva del Pleno de la Asamblea y contó con el respaldo mayoritario: 19 votos a favor y 4 en contra. Ese rechazo, de 3 de los votos, llegó precisamente por el PSOE, ya que es instar al Gobierno de la Nación liderado por Pedro Sánchez.
La propuesta busca garantizar la continuidad y mejora de la conexión marítima entre Ceuta y Algeciras, considerada una infraestructura estratégica para la movilidad de los ceutíes. Según explicó Hamed, esta conexión es “fundamental para la comunicación y conexión de la ciudad con la península, constituyendo la principal vía de comunicación de los ceutíes con el resto del país”.
La situación de extrapeninsularidad fue uno de los argumentos centrales esgrimidos por la portavoz del MDyC, quien insistió en que las condiciones actuales deben mantenerse y mejorarse, sin permitir que las futuras licitaciones afecten negativamente a los ciudadanos de Ceuta.
Hamed alertó de que los nuevos pliegos de licitación incluían aumentos de precios “considerables y sin justificación alguna”. Entre las cifras mencionadas, destacó el incremento del coste del billete para vehículos, que podría encarecerse hasta 12 euros más que en la actualidad. “Este tipo de medidas castigan injustamente a los residentes y suponen una barrera más para la igualdad territorial”, denunció.
El MDyC instó a la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, a intervenir de inmediato, y remitió también una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedir la paralización de la licitación. Esta presión política y social logró finalmente su objetivo: la licitación fue suspendida.
A pesar de la paralización, desde el grupo localista subrayan la importancia de trabajar en unos nuevos pliegos que garanticen las bonificaciones y no permitan que estas se vean amenazadas en futuras concesiones. “La defensa de la igualdad de los ceutíes con el resto de españoles es primordial”, insistió Hamed, añadiendo que esto está recogido en el Plan de Desarrollo Económico de Ceuta.
La propuesta contó con el apoyo de otras formaciones políticas que, aunque desde posiciones distintas, coincidieron en la importancia de blindar estas ayudas. Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox, consideró que lo planteado por MDyC “tiene lógica” y lamentó que haya que seguir pidiendo una medida que, en su opinión, “debería estar vigente siempre”. Aunque escéptico respecto a que el Gobierno central atienda las peticiones de la Asamblea de Ceuta, Redondo aseguró su respaldo para aumentar la presión institucional.
Desde Ceuta Ya!, Mustafa también dio su voto favorable, al igual que Peñalver, del Partido Popular. Este último fue tajante al afirmar que “en este punto no hay colores ni siglas políticas”, y recordó que el PP presentó en 2024 una Proposición No de Ley (PNL) solicitando más ayudas y bonificaciones para la ciudad.
Peñalver señaló que, ante la nueva licitación —ya retirada—, el PP había pedido informes de carga económica para trasladarlos al Ministerio. Afirmó que “la conectividad no es un lujo, es algo fundamental” y que el objetivo final debe ser garantizar un acceso justo a los servicios de transporte, como ocurre en otras regiones del país.
La aprobación de esta moción representa un paso significativo en la defensa de los derechos de los ceutíes y su equiparación con el resto de los ciudadanos españoles. Hamed recalcó que, si se logra blindar esta bonificación independientemente del partido que gobierne en Madrid, “será lo mejor para esta ciudad”.
Desde MDyC insisten en que seguirán vigilantes y activos para que esta moción no quede en papel mojado, y que las futuras licitaciones no representen un retroceso en materia de conectividad ni en derechos para los ciudadanos.
Con esta iniciativa, la Asamblea de Ceuta lanza un mensaje claro: la conectividad marítima es esencial, no negociable, y debe estar protegida por el interés general, más allá de los cambios políticos o económicos que puedan producirse.
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