El sindicato de la Policía Nacional,
ARP (Agrupación Reformista de Policías), ha exigido explicaciones sobre la repatriación de menores marroquíes desde Ceuta, criticando el “silencio complaciente” que está teniendo la Dirección General de la Policía en todo este asunto, sobre todos después del posicionamiento de la justicia. En un comunicado, la ARP aclara “que nadie quiera asumir con valentía las responsabilidades graves en las que se ha podido incurrir vulnerando el ordenamiento jurídico que afecta a la tutela judicial efectiva de estos menores, y determinados preceptos internacionales que vinculan a nuestro país ante organismo e instituciones, lo que invita a tener que preguntar sobre el papel que ha tenido que desempeñar la Dirección General de la Policía, en materia de extranjería, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y, ésta a su vez, del
Ministerio del Interior”, expone en un comunicado. ARP cita a la comisaría general de Extranjería y
Fronteras, a la que “le corresponde el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración”, así como a la UCRIF, a la Unidad Central de Fronteras, la de Expulsiones y Repatriaciones así como el CENIF, ya que cada una tiene encomendadas una serie de funciones. “Como organización sindical no nos parece bien y no podemos compartir que el Ministerio del Interior se limite a manifestar que no tiene competencia en este intento de repatriación de menores (retornos asistidos) y aunque pudiera estar en lo cierto jurídicamente en su legítima defensa de evitar sea condenada la administración, todos sabemos que la no asunción de responsabilidades ante las demandas presentadas por organizaciones como el Defensor del Pueblo o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que apreciaban que el procedimiento se había llevado a cabo sin garantías e ignorando las exigencias de la Ley de Extranjería, la Ley del Menor y la Convención de Derechos del Niño, nos debe parecer como mínimo preocupante a los funcionarios, al exponernos ante la opinión pública si no se informa del papel jugado por estos departamentos policiales, que disipe cualquier duda”, aclara. “Son cientos los funcionarios adscritos a estas unidades centrales y provinciales, en materia de extranjería, grandes valedores de los derechos de cualquier extranjero en su tratamiento administrativo y penal, honestos y eficaces funcionarios en la lucha contra las redes criminales de inmigración, que hoy se ven profundamente consternados por todo lo que se viene dilucidando en el terreno político y judicial”, advierte el sindicato.
Críticas a otros sindicatos y a su postura ante este asunto
La ARP pone de manifiesto el “silencio complaciente” en el colectivo policial que perdura desde años en el CNP, lo que “consideramos que es un error, lo que impide avanzar profesional y sindicalmente a quienes no tenemos la misma percepción de sumisión como organización sindical, ante hechos tan evidentes”. ARP se presenta como el único sindicato en
el Cuerpo de Policía Nacional que “analizamos y fiscalizamos la labor policial desde un punto de vista pragmático y objetivo, críticos con la administración cuando es necesario manifestarlo de forma pública en algún hecho puntual en situaciones delicadas que son consideradas de interés general, y en algún caso de acierto, también reconocerlas, en un panorama sindical sombrío en el Cuerpo de Policía Nacional”. El sindicato critica a los sectores “acogidos a un sistema de representación imperante en la administración policial, acomodados, considerados y bien retribuidos, en base a unos incentivos económicos (personal de confianza-libre designación) y (liberados sindicales), que en nada favorecen al cambio necesario que ha de producirse en la institución para adecuarla a las necesidades reales de la sociedad y demanda del más del noventa por ciento de funcionarios, trabajadores del Cuerpo de Policía Nacional. Si no se produce al menos una autocrítica interna en el desempeño de nuestra difícil profesión, una valoración profesional o definir una posición pública consecuente como realiza ARP, no tiene sentido que nos denominemos servicio público. Las garantías que tenemos encomendadas, con la debida objetividad a los intereses generales de las personas, deben afrontarse de forma distinta, sin complejos y asumiendo responsabilidades si las hubiera”, añade.
Funcionarios que deben ser protegidos
“De nada sirve a este país, a sus ciudadanos y sus propias policías, tener una ley reconocidas en la Unión Europea de más calado social, Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su posterior reglamento, Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, de las más reconocidas en el ámbito internacional, en materia de extranjería, que sin lugar a duda, su aplicación escrupulosa, es una asignatura de obligado cumplimiento que nos debe identificar, y unir en su defensa, a funcionarios trabajadores del cuerpo de policía nacional y al conjunto de la sociedad española”, puntualiza. El sindicato avanza que no se puede apoyar decisiones precipitadas, como considera que han sido las vinculadas a las deportaciones de los menores. “No quepa duda, que en el supuesto que se hubiese ordenado por algún mando policial, hoy en día estaría cesado y expedientado, sin otra posibilidad de asumir y aceptar el fin del cargo de libre designación (personal de confianza) que ocupare”.