El Sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha solicitado este martes al Ministerio del Interior las máximas garantías jurídicas en materia de devolución de menores extranjeros no acompañados en las fronteras de Ceuta y Melilla, a raíz del proceso de devolución a Marruecos de estos menores que se está llevando a cabo en nuestra ciudad, ahora paralizado durante 72 horas.
En un comunicado, este sindicato pide que cualquier acuerdo con Marruecos requiera de "las máximas garantías jurídicas" principalmente para evitar que "el Cuerpo de Policía Nacional, sus miembros en las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, puedan sufrir una condena social o judicial por tratar estas devoluciones alejadas en este caso, de la opinión y recomendación expresa y mayoritaria de la Unión Europea con respecto al país vecino".
Desde Sindicato Agrupación Reformista de Policías señalan al ministro Marlaska que "debe atender en estos momentos al Defensor del Pueblo de España, al Ministerio de Derechos Sociales del propio Gobierno actual, a la Audiencia Nacional, UNICEF, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, a las organizaciones políticas, profesionales de la abogacía, entre otros, son algunas de las instituciones, personas físicas jurídicas, discrepantes con estos procedimientos que se llevan a efecto en la Ciudad Autónoma de Ceuta".
Todo ello, expresan, "nos obliga a decir que estamos en el lugar adecuado, posición inequívoca que solicita se informe a la sociedad la duda técnica que haya surgido al Ministerio del Interior o a los responsables policiales de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, en estas devoluciones con menores, si las hubiera, lo que supone un serio problema que hay que atender desde el ejecutivo central y no solo a nivel policial".
ARP recoge que el Convenio Bilateral entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 2007, aplicado en este proceso de repatriaciones, "origina serias dudas en su estricto cumplimiento a todas estas organizaciones y a este sindicato libre y autónomo, no sujeto a servidumbres políticas, alejado del corporativismo, lo que favorece seguir cumpliendo fielmente la creencia en unos valores y principios que contemplan nuestros estatutos, propuestas profesionales y cívicas que nos obliga a disentir ante cualquier actuación fuera del contexto legal de derechos y obligaciones que nos impone el derecho constitucional y las normas internacionales en materia de derechos humanos".
Continúan expresando que "induce pensar que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía española, en su oposición a cómo se están materializando estas devoluciones, están trasladando un mensaje claro al conjunto de la sociedad y a los responsables policiales dependientes del Ministerio del Interior, incluido el actual Jefe Superior de Policía de Aragón, impulsado profesionalmente por el equipo actual de la Dirección General de la Policía, por tanto, funcionario de confianza de la administración socialista, al que le place nombrar a ARP como sindicato residual, lo que indica que este cargo policial sigue con sumo interés nuestro proceder como sindicalistas defensores de los derechos humanos, es decir, las cosas bien hechas como se viene demostrando y avaladas por la judicatura".
