La magistrada del juzgado de Instrucción número uno ha entendido que no había “indicios racionales” de delito y ha decretado el sobreseimiento libre de la causa.
La magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Ceuta ha decretado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones judiciales que se iniciaron tras la denuncia interpuesta por un hombre contra la titular del juzgado de Instrucción número seis de la ciudad. En el auto dictado el día 23 de febrero, la encargada de decidir si existía o no delito deja claro que de la denuncia efectuada se desprende “la inexistencia de indicios racionales” sobre la posible comisión del delito que se le imputaba a su compañera, que consistía en una prevaricación recogida en el artículo 446.3 del Código Penal. De esta forma, la jueza del número Uno se acoge al artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que deberá dictar el sobreseimiento de la causa “si estimara que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetración”.
El hombre que había denunciado a la magistrada consideraba que una resolución dictada en un procedimiento que le concernía era “injusta”, entendiendo con esto que la citada sentencia no se ajustaba a derecho. Según el denunciante, la magistrada le habría obligado, mediante sentencia de septiembre de 2010, a permitir la entrada en su domicilio de unos obreros que tendrían ejecutar unas actuaciones referidas en un presupuesto. El problema es que el denunciante consideraba que el contenido del presupuesto era “ilegal”, llegando a asegurar que la magistrada lo sabía cuando dictó la sentencia. De hecho, el hombre afirmaba que la jueza se había basado en un informe técnico para permitir las obras, por lo que él afirmaba que esa excusa legal “no procede” porque “se trata de una materia regulada por Ley”, por lo que el fallo judicial contradeciría la Ley. Además, en la denuncia se asegura que el presupuesto de obras que se debería ejecutar en su vivienda era “inválido” por incumplimiento de la normativa vigente en materia de edificación y por incompetencia profesional de su firmante, “que carece de titulación académica habilitante”.
La jueza del juzgado de Instrucción número uno lo ha tenido muy claro desde el principio y, tras estudiar la denuncia interpuesta contra su compañera del juzgado de Instrucción número seis, no tardó ni dos días en decretar el sobreseimiento de la causa, así como su archivo. La magistrada entiende que no hay indicios de que la denunciada cometiera el delito que le querían imputar.
Una práctica demasiado habitual
Intentar utilizar la Justicia en contra de los magistrados es una herramienta que algunos han utilizado de forma demasiado habitual. Un caso sonado fue el del presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe, quien en su día denunció por prevaricación al magistrado encargado de juzgar a su hijo, Tomás Uribe, por la comisión de una presunta irregularidad administrativa encaminada a conseguir la reelección presidencial de su padre cometida en 2006. Otro fue contra el juez Del Olmo, quien fue denunciado por haber encarcelado a dos policías que tomaron café con un periodista de ‘El Mundo’, en el ‘caso Parrilla’.
