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El juzgado número 9 de Granada deja claro que en ningún momento pudo haber tráfico de influencias
El juzgado de instrucción número 9 de Granada ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias previas abiertas en 2013 tras la denuncia presentada por un presunto tráfico de influencias contra el que fuera director provincial del Ministerio de Educación, Cecilio Gómez, y su mujer, Carmen Morón. La denuncia, que dio pie a la publicación de varias crónicas sobre este asunto, fue interpuesta por José Ignacio Gómez Hidalgo, que ejerce de juez togado militar pero que lo hizo en calidad de docente en el campus.
El auto, al que ha tenido acceso El Faro y que no es firme, se refiere a unos hechos ocurridos hace cuatro años cuando se abrieron diligencias previas en el juzgado de instrucción número 4, después de que Gómez Hidalgo denunciara en los juzgados tras la convocatoria de un concurso para la provisión de una plaza de profesor de la UGR a tiempo completo a la que concurrió tanto Morón como otros concursantes y el propio denunciante. En la queja judicial se puso de manifiesto un presunto tráfico de influencias por lo que no solo se puso en el disparadero a Morón sino también a Gómez, al ponerse de manifiesto que éste habría podido hacer uso de su cargo o de sus relaciones personales para propiciar cambios en la UGR, en concreto, el traslado de la asignatura de Introducción al Derecho desde el departamento de ‘Derecho Mercantil’ al de ‘Derecho Financiero y Tributario’, algo que se consideró “extraño”.
Tras la toma de declaraciones y años de batalla judicial con las testificales de varios miembros de la UGR, en el auto que ahora se conoce se deja claro que “en los acuerdos objeto de controversia ninguno de los investigados ha ejercido durante su confección, elaboración o conclusión ejecutiva presión de signo alguno, o ha conseguido algún beneficio propio o para tercero ajeno al resultado docente determinado por el acuerdo adoptado legítimamente por el organismo competente”, expone. “Lo que subyace en el fondo de la cuestión”, añade, “es una discrepancia por parte del denunciante en la interpretación de criterios y actos administrativos adoptados por la UGR en un tema y materia que personalmente le concernían y que por otra parte no han sido impugnados en vía administrativa o contencioso administrativa. Consideraciones que en suma determinan el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones conforme establece el ordinal 1º del artículo 641 de la Lecrm. Sin que se hayan revelado méritos en orden a pronunciarse sobre la costas vertidas durante la presente instrucción”, concreta.
El juzgado granadino descarta la existencia de ese supuesto beneficio de Gómez a su mujer, de hecho el exdirector provincial siempre mantuvo que no había incurrido en ningún comportamiento irregular, como ahora queda demostrado en el auto.
Tal y como el propio Gómez hizo público en una carta dirigida a El Faro, durante todos estos años se publicaron informaciones al respecto de este proceso que “menoscabaron” el “buen nombre de la Universidad de Granada”. Destacó que su mujer accedió a ese contrato en virtud de un concurso público que fue resuelto por una comisión “imparcial en atención, única y exclusivamente, a sus méritos académicos”. Recordó Gómez que a la hora de optar a la plaza que ha motivado todo este proceso judicial, el denunciante quedó en cuarta posición, con 8,63 puntos, mientras que Morón fue la ganadora, con 65,97 puntos. El denunciante no recurrió nada en vía contencioso-administrativa, interponiéndose una denuncia que ahora, años después, queda archivada y que en su día el propio Gómez tildó de “conjetura”.
