Aplazado el juicio por drogas en el que se acusa a un agente de la Guardia Civil

El juicio que debía haber sentado  ayer en en banquillo de la Audiencia Provincial de Granada a los siete acusados de organizar una operación para la introducción de drogas en la península desde Marruecos, entre ellos un agente de la Guardia Civil destinado entonces en Motril y ahora en Ceuta, quedó suspendido y aplazado hasta el próximo mes de abril. La vista, en la que entre otros detalles debe esclarecerse si el miembro de la Benemérita facilitó información al resto de procesados para que no fueran descubiertos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se celebrará finalmente entre el 21 y el 25 de abril, según informó ayer la agencia Europa Press. El tribunal de la Sección Segunda tomó la decisión tras no presentarse uno de los letrados y sumarse una petición de aplazamiento de otra de las defensoras.
Los acusados responden a las identidades J.M.V.R., alias El flores o La gorda, de 34 años y sin antecedentes; A.J.R.T., alias Bartolo o Niño, de 41 años, y condenado en sentencia firme por un tribunal francés por tráfico de drogas; M.G.P., alias El calvo, de 46 años, y sin antecedentes; J.J.F.F., de 47 años, sin antecedentes; M.G.S., de 45 años, y condenado en firme por tráfico de drogas; K.S.V., de 39 años, y también condenado en firme por el mismo delito; y A.L.A., alias El coletas, de 41 años y sin antecedentes.
El Ministerio Público atribuye al grupo un presunto delito contra la salud pública, por el que se enfrentan a cuatro años y medio de prisión, y multas de 10 millones de euros; a lo que se suma otro de violación de secretos, para el agente de la Guardia Civil, que hace frente además al pago de una multa de 10.800 euros y a inhabilitación por tres años; y un tercero de malversación, para un depositario judicial, que podría ser condenado a tres años de cárcel y multa de 2.400 euros, además de suspensión de empleo o cargo público por tres años.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el mes de agosto de 2006 se incoaron por el Juzgado de Instrucción número 1 de Motril diligencias previas que fueron sobreseídas en octubre de ese mismo año al no haber quedado acreditado el delito por el que se seguían. No obstante, en el curso de las investigaciones se tuvo conocimiento de que alguno de los procesados podían estar traficando con sustancias estupefacientes.
Los procesados se repartieron los diferentes cometidos: dos de los acusados daban las órdenes y se encargaban de  contactar con el proveedor de la droga, conocido como Aljauaría o Primo. También se encargaron de hacerse con un medio para el transporte terrestre de la droga, adquiriendo de una empresa, de la que es socio uno de los inculpados, un remolque frigorífico (la nevera, en su argot). J.M.V.R. se encargó de labores logísticas y el coletas, ejercía las funciones de mecánico de la embarcación, que revisó y preparó.
para el transporte de la droga, ayudándose de otros mecánicos que vinieron expresamente de Algeciras (Cádiz).

CONSEGUIR UNA 'GOMA'

Lo primero que acordaron fue conseguir esa embarcación, una 'goma' según señalaban en las conversaciones telefónicas, y, tras diversas gestiones en Motril, el identificado como J.J.F.F., que era depositario judicial de los Juzgados de la localidad, proporcionó una de las que tenía en sus instalaciones, en la finca 'El Soto', en Salobreña, a cambio de 80.000 euros.

Otro de los inculpados, M.G.P., de profesión guardia civil y en servicio activo en esa fecha en el Destacamento de Tráfico de Motril, intervino también activamente en la operación, asumiendo las funciones de facilitar a la organización datos acerca de los movimientos de las patrullas del Instituto Armado, así como información acerca del SIVE. Así, envió un mensaje de texto a J.M.V.R. en el que alertaba del "alcance del radar" o de las cámaras operativas, o le informó de los controles específicos de carretera que llevaría a cabo la Guardia Civil, labores por las que recibió 60.000 euros.

El identificado como M.G.S. compró un GPS para la embarcación y trajes térmicos para sus tripulantes, y preparó el doble fondo del camión que iba a ser usado para el transporte terrestre, que finalmente fue aprehendido; mientras que K.S.V. compró combustible y teléfonos móviles y concretó los términos de la transacción con el contacto en Marruecos.

Finalmente, lograron que la 'goma' emprendiera el viaje de ida con destino a Marruecos para la recepción de unos 2.100 kilos de hachís distribuidos en unos 70 fardos de 30 kilos cada uno, el 15 de febrero de 2007, sobre las 20,30 horas. El día siguiente, tras realizar la carga de la droga, se desplegó por los inculpados el dispositivo terrestre para su recepción en las costas granadinas.

Sin embargo, el viaje de vuelta se vio truncado por la aparición sobre las 18,20 horas de ese día de un helicóptero de la Guardia Civil, cuando la embarcación se encontraba a 25 millas de las costas españolas. La sobrevoló y tomó fotografías de sus tripulantes (no identificados), que se asustaron y pusieron rumbo de nuevo a Marruecos, donde descargaron la sustancia y abandonaron la embarcación regresando en barco a España.

En Detalle

Supuestos datos sobre patrullas y sms con el “alcance del radar y las cámaras”

El guardia civil imputado, que ahora está destinado en Ceuta y en servicio activo en esa fecha en el Destacamento de Tráfico de Motril, está acusado de intervenir, supuestamente, de forma activa en la operación, asumiendo las funciones de facilitar a la organización datos acerca de los movimientos de las patrullas del Instituto Armado, así como información acerca del SIVE. Así, habría enviado un mensaje de texto a J.M.V.R. en el que alertaba del "alcance del radar o de las cámaras operativas”, o le habría informado de los controles específicos de carretera que llevaría a cabo la Guardia Civil, labores por las que recibió 60.000 euros, siempre según el escrito del Ministerio Público, ya que la Defensa de este agente mantiene que nada tiene que ver con los hechos y así lo intentará demostrar en la vista oral. El Fiscal insiste en que habría comprado un GPS para la embarcación y trajes térmicos para sus tripulantes, y habría preparado el doble fondo del camión que iba a ser usado para el transporte terrestre, que finalmente fue aprehendido.