La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado su más profundo rechazo a la denuncia presentada contra los 602 migrantes que saltaran la valla de Ceuta el día 26 de julio. La denuncia solicita prisión incondicional sin fianza y les imputa un delito de atentado contra la autoridad en uno de sus supuestos agravados.
La asociación andaluza sostiene que, en términos jurídicos, “se trata de una respuesta racista e inhumana. Este tipo de denuncias suponen la criminalización y persecución de las personas migrantes”. A ojos de la entidad, resulta extremadamente preocupante que “el despacho de abogados que ha decidido aplicar el derecho penal del enemigo, pese a las continuas vulneraciones de derechos reconocidos en la legislación que sufren las personas migrantes, entre las que se encuentra la prohibición de solicitar asilo, la falta de asistencia jurídica y traducción, detenciones ilegales, ausencia de protección a la infancia y a víctimas de trata, entre otras.
Según APDHA, esta denuncia supone un precedente muy preocupante en tanto que “justifica el giro punitivo y la tendencia a la criminalización de las personas migrantes” en un contexto en el que, tal y como recuerda la asociación, “la inmigración por puntos no habilitados no es un delito y se siguen produciendo devoluciones en caliente a pesar de que estas han sido condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” en su sentencia de octubre de 2017 contra el Gobierno de España.
Por último, en el comunicado, la organización ha denunciado la creciente militarización de la Frontera Sur. “No solo estamos cerrando nuestras fronteras, como vimos en Turquía en 2015, o este año en Libia”, además, “estamos militarizando y bunkerizando la Unión Europea”, denuncian. La asociación andaluza habla, como así han señalado ya numerosos informes, de una “industria del control migratorio”.
En este sentido, APDHA recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos – ratificada por el Estado español- especifica en sus artículos 13 y 14 que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y además a buscar asilo” y que, según un informe de la Fundación porCausa, desde 2006, el Gobierno español ha destinado casi 743 millones de euros al control y protección de sus fronteras y del cual, critican, un reducido lobby de empresas internacionales hace negocio a través del sufrimiento de estas personas.
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