¿Hasta dónde debemos obedecer las leyes?

La vieja pregunta que acompaña al ser humano desde Antígona hasta el Estado constitucional.

Hay preguntas que sobreviven a los siglos porque ninguna generación consigue responderlas definitivamente. Una de ellas es ésta: ¿está el ser humano obligado a obedecer siempre las leyes dictadas por la autoridad de su país?

La pregunta puede parecer peligrosa. Y, ciertamente, lo es. Porque una sociedad en la que cada ciudadano decide individualmente qué leyes cumple y cuáles no puede acabar convertida en un territorio sin reglas. Pero existe una pregunta todavía más incómoda: ¿qué ocurre cuando quien dicta las leyes utiliza su poder contra la justicia, contra la dignidad humana o contra los derechos fundamentales?

Entre la obediencia ciega y la rebelión permanente existe un territorio mucho más complejo: el de la conciencia, la legitimidad, la desobediencia civil y, en situaciones extremas, el derecho de resistencia.

La historia de la humanidad está llena de ejemplos.

Antígona y la ley que no basta con ser ley

Hace casi 2.500 años, Sófocles planteó en Antígona un conflicto que continúa teniendo plena vigencia.

Creonte, rey de Tebas, dicta una prohibición: Polinices no puede recibir sepultura. Antígona decide incumplirla. No porque desconozca la autoridad del rey, sino porque considera que existe una obligación superior que ningún gobernante puede eliminar.

Aparece así, por primera vez con extraordinaria claridad, una distinción fundamental: una cosa es que una autoridad tenga capacidad para dictar una norma y otra que esa norma sea necesariamente justa.

"Entre Antígona y Sócrates se encuentra una de las grandes tensiones de la civilización occidental: ¿debemos obedecer la ley porque es ley o porque es justa?"

Siglos después, Platón plantearía el problema desde la perspectiva contraria en el Critón. Sócrates, condenado injustamente, tiene la posibilidad de escapar. Sin embargo, decide permanecer y aceptar la sentencia porque considera que la destrucción del respeto por las leyes puede ser más perjudicial para la comunidad que la injusticia sufrida individualmente.

Entre Antígona y Sócrates se encuentra una de las grandes tensiones de la civilización occidental: ¿debemos obedecer la ley porque es ley o porque es justa?

Cuando la ley se enfrenta a la conciencia

La filosofía medieval tampoco permaneció ajena al problema.

Santo Tomás de Aquino desarrolló la idea de la ley injusta: una norma que se aparta gravemente de la razón y del bien común puede dejar de obligar moralmente en determinadas circunstancias.

Pero introdujo también una prudencia esencial. No toda ley imperfecta justifica la desobediencia. La sociedad necesita estabilidad y la infracción sistemática de las normas puede producir males todavía mayores.

La cuestión, por tanto, nunca ha sido tan sencilla como afirmar que cada ciudadano puede convertirse en juez absoluto de las leyes.

El problema verdadero es otro: ¿cuándo alcanza la injusticia una intensidad suficiente como para que la obediencia deje de ser un deber?

Locke y el derecho de resistencia

Con el pensamiento liberal de la Edad Moderna, la cuestión adquiere una dimensión política.

John Locke defendió que los seres humanos poseen derechos que no nacen del Estado. El poder político recibe su legitimidad precisamente porque tiene como finalidad proteger esos derechos.

Si el gobierno rompe gravemente esa confianza y utiliza el poder para destruir aquello que debía proteger, aparece el denominado derecho de resistencia.

Esta idea tuvo una influencia extraordinaria en el nacimiento del constitucionalismo moderno y en acontecimientos como la Revolución Americana.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 llevó la cuestión hasta sus últimas consecuencias: si un gobierno deja de proteger los derechos para convertirse en su destructor, los gobernados pueden plantearse la transformación del propio poder político.

Pero hay que hacer una precisión esencial: resistir una norma injusta no es lo mismo que destruir un régimen político; y ninguna de estas cosas equivale automáticamente a un derecho jurídico ilimitado a utilizar la fuerza.

Thoreau y la desobediencia civil

En el siglo XIX aparece una figura decisiva: Henry David Thoreau.

Su concepto de desobediencia civil introduce una nueva dimensión. El ciudadano no tiene por qué colaborar con aquello que considera profundamente injusto.

Pero la desobediencia civil clásica no consiste simplemente en incumplir las normas que no nos gustan.

Es, por regla general, consciente, pública y orientada a denunciar una injusticia. Y, especialmente, pretende ser pacífica.

Posteriormente, Gandhi y Martin Luther King convertirían esta idea en una extraordinaria herramienta de transformación política.

El mensaje era poderoso: un ciudadano puede desafiar una norma injusta sin negar necesariamente la existencia del Estado de Derecho.

De hecho, el desobediente civil puede aceptar la sanción precisamente para poner de manifiesto la contradicción que denuncia.

El siglo XX y la terrible experiencia de la obediencia

La cuestión adquirió una dimensión dramática durante el siglo XX.

El nazismo demostró que una atrocidad puede llegar a ser revestida de formas jurídicas. Que un régimen controle el aparato legislativo no convierte automáticamente todas sus decisiones en moralmente legítimas.

Los crímenes cometidos bajo regímenes totalitarios obligaron al Derecho internacional a enfrentarse con una cuestión estremecedora: ¿puede una persona justificar cualquier conducta diciendo simplemente que obedecía las leyes de su Estado?

La respuesta comenzó a ser claramente negativa.

Después de la Segunda Guerra Mundial se consolidó progresivamente la idea de que existen determinados principios fundamentales —la dignidad humana, la prohibición del genocidio, los crímenes contra la humanidad, entre otros— que no pueden quedar anulados por la legislación interna de un Estado.

La experiencia histórica enseñó una lección que hoy debería resultar evidente: legalidad y legitimidad no son necesariamente conceptos idénticos.

El Estado constitucional cambia el problema

Hoy vivimos, al menos en los Estados democráticos constitucionales, en una realidad jurídica diferente.

El ciudadano no está sometido únicamente a la voluntad de quien gobierna. El poder también está sometido a la Constitución, a los derechos fundamentales, a los tribunales y a los tratados internacionales.

Por eso, ante una norma que consideramos injusta, la primera pregunta no debería ser:

"¿Puedo desobedecerla?" Debería ser: "¿Qué instrumentos jurídicos tengo para combatirla?"

Recursos administrativos, procedimientos judiciales, control de constitucionalidad, protección de derechos fundamentales, objeción de conciencia cuando esté reconocida por el ordenamiento y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos son algunas de las vías que el propio Estado de Derecho pone a disposición del ciudadano.

Y esto es fundamental.

Porque la existencia de una ley que consideramos injusta no convierte automáticamente en lícito incumplirla.

La democracia tampoco significa que todo lo aprobado por una mayoría sea justo

Existe aquí otra cuestión que merece reflexión.

A veces se identifica democracia con la simple regla de la mayoría.

Pero el constitucionalismo contemporáneo nos enseña que la democracia es algo más. Una democracia constitucional no es únicamente: mayoría + votación.

Es también:

Constitución + derechos fundamentales + separación de poderes + Estado de Derecho + control judicial + límites al poder.

Una mayoría parlamentaria no puede convertirse, por el simple hecho de ser mayoría, en dueña absoluta de la libertad y de la dignidad de las personas.

Precisamente por eso existen las Constituciones.

La democracia no consiste solamente en decidir quién manda.

Consiste también en establecer aquello que ni siquiera quien manda puede hacer.

¿Y cuándo puede dejar de existir el deber de obedecer?

Aquí entramos en el terreno más delicado.

No existe, en términos generales, un derecho de cada ciudadano a incumplir cualquier ley que considere injusta. Si así fuera, el sistema jurídico desaparecería.

Pero tampoco puede sostenerse seriamente que la obediencia sea absoluta en cualquier circunstancia.

Existen situaciones reconocidas por los ordenamientos jurídicos en las que una persona puede legítimamente negarse a realizar determinadas conductas: la objeción de conciencia en los casos previstos legalmente, determinadas causas de justificación, el rechazo de órdenes manifiestamente ilícitas en los ámbitos donde así proceda y los mecanismos de defensa frente a actuaciones arbitrarias del poder.

Y existe además la desobediencia civil como fenómeno moral y político. Pero incluso aquí debemos ser rigurosos.

Que una conducta sea moralmente justificable no significa necesariamente que sea jurídicamente lícita.

Una persona puede considerar que tiene un deber moral de desobedecer y, sin embargo, asumir que jurídicamente podrá ser sancionada.

Ésta es precisamente la grandeza —y también la tragedia— de la desobediencia civil.

Entre la obediencia ciega y la anarquía

Probablemente el error consista en buscar una respuesta absoluta.

Decir que hay que obedecer siempre conduce a una conclusión peligrosa: si la autoridad pudiera convertir cualquier injusticia en ley, bastaría con promulgarla para exigir obediencia.

Pero afirmar que cada individuo puede decidir libremente qué normas considera legítimas conduciría al extremo contrario: la desaparición de la seguridad jurídica.

Entre ambos extremos existe el Estado constitucional.

Un Estado en el que el ciudadano tiene el deber general de cumplir las leyes, pero en el que el poder también tiene límites.

Un Estado en el que la ley merece respeto, pero no porque el poder sea infalible.

Un Estado en el que los ciudadanos disponen de instrumentos para combatir las decisiones injustas.

Y un Estado en el que, en circunstancias extraordinarias, la historia demuestra que la conciencia humana puede enfrentarse a la legalidad.

Una pregunta especialmente importante para nuestro tiempo

Quizá la cuestión más importante no sea preguntarnos únicamente si tenemos derecho a desobedecer.

Quizá debamos preguntarnos algo anterior: ¿quién controla a quienes hacen las leyes?

Porque si el poder puede legislar sin límites, la ley puede convertirse en instrumento de dominación.

Si, por el contrario, la ley está sometida a la Constitución, a los derechos fundamentales, a los tribunales y a los principios superiores del ordenamiento, la posibilidad de que una injusticia pueda ser corregida sin destruir el sistema aumenta considerablemente.

La civilización jurídica ha tardado miles de años en llegar hasta aquí.

Desde Antígona hasta el constitucionalismo contemporáneo, la humanidad ha aprendido que el poder necesita límites y que la libertad necesita reglas.

La verdadera cuestión no es, por tanto, si debemos vivir sometidos a las leyes o vivir sin ellas.

La cuestión es mucho más profunda: ¿cómo conseguir que las leyes sean dignas de ser obedecidas?

Porque una sociedad libre no debería aspirar a tener ciudadanos que obedezcan ciegamente.

Debería aspirar a tener ciudadanos que comprendan las leyes, las respeten cuando son legítimas, las impugnen cuando sean injustas y defiendan el Estado de Derecho precisamente cuando el poder pretenda situarse por encima de él.

Y quizá ésta sea una paradoja de importancia actual: "El que el ciudadano necesita al Estado para que sus derechos sean protegidos; pero el Estado, en una sociedad verdaderamente libre, necesita también ciudadanos capaces de recordarle que esos derechos no son una concesión del poder, sino precisamente uno de los límites que el poder debe respetar".