La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha dado a conocer su visión sobre lo que sucede en las fronteras de Ceuta y Melilla en un informe que, bajo el título
‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2018’, cuestiona la forma de proceder en las vallas de las dos ciudades. Denuncia la funcionalidad de unas infraestructuras, ya que “a pesar del gasto lo único que han conseguido es aumentar el sufrimiento, agotamiento y esfuerzo que les supone a los inmigrantes entrar en las ciudades autónomas, usando además elementos impropios de los que defienden la vida, como son las concertinas”, expone la asociación. “Las fronteras de Ceuta y Melilla se han convertido sin duda en un campo de experimentación de las más crueles e inhumanas políticas represivas de control de flujos en las fronteras terrestres europeas. Inversiones millonarias, pagos oscuros a Marruecos, colocar nuevas vallas, instalar concertinas (últimamente en los puertos), experimentar con drones, o con camiones cisterna… construir nuevos fosos por parte de Marruecos en la línea exterior”, añade.
Las fronteras de Ceuta y Melilla: “Zonas infernales”
“Todo ello ha contribuido a que las fronteras de Ceuta y Melilla se hayan convertido en zonas infernales (y no sólo para migrantes, sino también para porteadoras o trabajadoras transfronterizas…), espacios de arbitrariedad e ilegalidad donde se violan los derechos humanos impunemente”, critica.
A esta denuncia se acompañan datos estadísticos sobre muertes o desapariciones. APDHA critica que esos fallecimientos han aumentado un 150% en lo que va de año. Solo en 2017 hubo 42 casos en las dos ciudades hermanas, siendo el más trágico
el ocurrido en noviembre en Santa Catalina donde murieron tres personas. La Asociación ha aprovechado la difusión de este informe para registrar una moción pidiendo vías legales y seguras que impidan que estos datos vayan en aumento. En 2017 se duplicó la entrada de personas por vía marítima y terrestre pero siguen aplicándose medidas como las devoluciones en caliente sobre las que la asociación se posiciona de manera crítica.
El gran negocio de la frontera: gastos millonarios
Y todo ello en una frontera que la APDHA entiende que no es más que “un gran negocio” montado en torno a la seguridad. “La valla de Ceuta fue construida en 2005 por Dragados con un coste y mantenimiento de 18 millones de euros”, señala. Al vallado se añaden otros gastos como los derivados del SIVE: “Las empresas privadas han conseguido poner otros elementos de control fronterizo en manos de las autoridades españolas, a cambio, por supuesto, de una suculenta cifra. Por nombrar algunos, AIRBUS, que ganó 186 millones entre 2009 y 2012 con la venta de sus helicópteros; o ATOS, que entre buques y SIVE se embolsó casi 31 millones entre 2011 y 2015”, expone. “Como hemos visto, los gastos y fondos que puedan suponer el intentar salvaguardar a la civilizada Europa de los bárbaros dan como resultado cifras auténticamente mareantes y desorbitadas, para resultados bastantes deficientes de lo que deberían ser su función. Pero este malgasto de dinero público en lobbies armamentísticos no acaba aquí, ya que el negocio continúa con aquellos que han conseguido entrar y disfrutar de esta maravillosa civilización, la cual no tiene el más mínimo reparo en utilizar dinero del Fondo Europeo para Integración y utilizarlo en comprar material bélico para la lucha contra la inmigración ilegal (España entre los años 2007 y 2013 utilizó casi 156 millones de este fondo para dicho fin)”.
Tras el fardo de la vergüenza: el porteo
En otro apartado del informe se hace alusión a la situación de las porteadoras. La Asociación recuerda el trabajo de campo que han hecho en Ceuta y cómo la situación de las mujeres sigue siendo la misma porque, por ejemplo, su labor no se entiende como un trabajo a pesar de la pelea de la asociación por conseguirlo. “No se aceptó el punto sobre la consideración como trabajadoras, que es una reivindicación por parte de las propias porteadoras trasladada a través de nuestro decálogo de propuestas. La respuesta a este punto sitúa la actividad exclusivamente como un trabajo autónomo. Bajo este supuesto, no se las consideraría trabajadoras bajo la normativa europea, rechazando cualquier relación con empresas españolas”, expone. “Estos elementos no son reales, ya que la actividad laboral se realiza en territorio español y el transporte de mercancías implica a empresas con sede social en Ceuta.
Las mujeres porteadoras ejercen el trabajo físico más peligroso, el de peor consideración social y el de más baja remuneración dentro del llamado comercio atípico. Son el último eslabón de una cadena de producción masculinizada, que reporta cuantiosos beneficios a la ciudad autónoma de Ceuta –el 25% de los ingresos de la ciudad provienen del IPSI a la importación- y a numerosas empresas extranjeras que alquilan las naves en régimen de consigna o depósito en el polígono del Tarajal”. “A pesar de las duras condiciones, esta actividad se presenta como un recurso para la subsistencia básica de una población en situación de exclusión socioeconómica en el norte de Marruecos”, concluye.