La Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí (ITRAN) se ha pronunciado este martes para exigir una "actuación inmediata de la Fiscalía General y una cooperación real entre España y Marruecos para garantizar la protección y el retorno de los menores" tras la entrada masiva a Ceuta ocurrida a finales del mes pasado.
A continuación, El Faro de Ceuta reproduce el contenido íntegro del comunicado firmado por Alami M., presidente del ente:
"Desde la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí ITRAN queremos expresar nuestra profunda preocupación, indignación y perplejidad ante la situación vivida en Ceuta y Melilla y, especialmente, ante la gestión de los menores marroquíes que se encuentran bajo tutela de las administraciones españolas.
Nuestra posición debe ser clara: Marruecos ha reclamado desde el primer momento el retorno de sus menores y lleva décadas solicitando una mayor colaboración para facilitar su identificación, localización familiar y reagrupación. Sin embargo, desde nuestra experiencia y conocimiento de numerosos casos, consideramos que estas peticiones se han encontrado demasiadas veces con procedimientos excesivamente lentos, falta de coordinación y una preocupante dejadez administrativa.
No podemos aceptar que, cuando existen familias localizadas y dispuestas a hacerse cargo de sus hijos, los procedimientos de reencuentro familiar se prolonguen durante meses o incluso años.
Nos preguntamos públicamente:
¿Por qué el Gobierno de España no permite la entrada y participación efectiva en Ceuta y Melilla de una comisión marroquí que pueda colaborar directamente con las autoridades españolas en la identificación y localización de las familias de estos menores?
Si realmente existe voluntad de resolver el problema, esta colaboración debería ponerse en marcha de inmediato.
Desde nuestra asociación estamos dispuestos a poner a disposición de las administraciones españolas y marroquíes nuestra experiencia y nuestros contactos con organizaciones de la sociedad civil con una amplia trayectoria en materia de protección de menores, que podrían colaborar junto a una comisión marroquí y las autoridades españolas para acelerar la identificación de los menores, localizar a sus familias y estudiar cada caso individualmente.
Estamos convencidos de que, con voluntad política y coordinación entre ambas partes, una parte muy importante del problema podría estar resuelta en un plazo mucho más razonable.
Existe además una cuestión que consideramos de extrema gravedad y que no puede esperar.
Se han producido denuncias y testimonios relacionados con supuestos abusos sexuales y situaciones de desprotección que afectarían a menores, especialmente niñas, así como denuncias reiteradas sobre la insuficiencia de medios y de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados a garantizar su protección.
Ante la gravedad de estas informaciones, consideramos que la Fiscalía General del Estado debe actuar de inmediato, impulsar las investigaciones que correspondan y determinar si las administraciones responsables han cumplido adecuadamente sus obligaciones de protección.
Si existen menores que han denunciado abusos o que se encuentran en una situación de riesgo, el Estado tiene la obligación de garantizarles un entorno seguro, protección efectiva y una investigación rápida e independiente de cualquier posible delito.
Asimismo, consideramos necesario revisar si los medios policiales y de seguridad desplegados en Ceuta y Melilla han sido suficientes para afrontar una situación de estas dimensiones. Si no lo fueron, debe determinarse quién tomó las decisiones correspondientes y por qué.
Ante una situación excepcional de estas características, consideramos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían haber contado desde el primer momento con todos los efectivos necesarios.
Y si la magnitud de la crisis hacía insuficientes los medios ordinarios disponibles, el Gobierno debería haber adoptado inmediatamente todas las medidas extraordinarias previstas por nuestro ordenamiento para garantizar la seguridad y la protección de los menores.
No podemos permitir que la falta de medios termine convirtiéndose en una excusa para justificar situaciones de desprotección.
Desde ITRAN consideramos igualmente imprescindible abordar una cuestión que está siendo planteada cada vez con mayor preocupación por diferentes sectores de la sociedad civil.
La atención de un menor tutelado supone para las administraciones públicas un coste económico importante, que puede situarse en torno a varios miles de euros por menor y año o en función del sistema y centro de acogida, según las circunstancias y el modelo de atención.
Por ello, consideramos legítimo preguntar:
¿Puede existir algún tipo de interés económico, directo o indirecto, que esté contribuyendo a dificultar o retrasar el retorno de menores cuando el reencuentro familiar es posible y seguro?
No afirmamos que exista una actuación irregular ni que todos los centros o entidades responsables actúen movidos por intereses económicos. Precisamente por la gravedad de esta cuestión, creemos que debe investigarse.
Si no existe ningún interés ilegítimo, una investigación transparente permitirá despejar cualquier duda.
Y si existiera algún tipo de interés económico, conflicto de intereses o actuación destinada a obstaculizar injustificadamente el retorno de menores, debe conocerse y depurarse cualquier responsabilidad.
Por todo ello, desde ITRAN consideramos que la Fiscalía General del Estado debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata.
Solicitamos que se investigue:
No queremos convertir esta cuestión en una batalla política entre España y Marruecos. Queremos exactamente lo contrario.
Queremos que España y Marruecos trabajen juntos.
Marruecos debe colaborar en la identificación y localización de las familias y España debe facilitar los mecanismos necesarios para que esa colaboración sea real y efectiva.
Cada menor debe ser estudiado individualmente. Si su familia puede hacerse cargo de él, si el entorno familiar es seguro y si el retorno responde a su interés superior, ese menor debe poder reencontrarse con su familia sin retrasos injustificados.
Y cuando un menor se encuentre realmente en situación de abandono, desamparo o riesgo, debe recibir toda la protección que el Estado español pueda proporcionarle.
Desde ITRAN queremos recordar que detrás de cada expediente hay un niño, una niña, un padre y una madre.
No podemos aceptar que los menores sean utilizados como instrumentos políticos, ni que la burocracia, la falta de coordinación o, en su caso, intereses económicos puedan situarse por encima de su derecho a crecer junto a su familia cuando ello sea posible y seguro.
Nuestra asociación está dispuesta a colaborar. Podemos facilitar contactos de organizaciones de la sociedad civil con una amplia trayectoria en protección de menores y ponerlas a trabajar junto a una comisión marroquí y las autoridades españolas.
Creemos que existe una solución. Lo que falta, en nuestra opinión, es voluntad, coordinación y decisión política para ponerla en marcha.
Por ello, hacemos un llamamiento al Gobierno de España, al Gobierno de Marruecos y a la Fiscalía General del Estado para que actúen inmediatamente.
Los menores no pueden seguir esperando. Sus familias tampoco".
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